La abogada Claudia González, titular de la asociación de defensa del consumidor PROCONSUMER, viene advirtiendo sobre diferentes problemáticas entre las cuales se encuentran los excesivos aumentos en la tarifa de luz en perjuicio de los usuarios.
Uso del sistema judicial de Jujuy para silenciar voces
El secretario de Energía, Mario Pizarro, demandó a la abogada de defensa del consumidor Claudia González por “daño al honor”. Este lunes se llevó adelante la audiencia del caso, con desmedida presencia policial y donde el funcionario provincial ni siquiera estuvo presente.
A raíz de los tarifazos, cuestionó los roles y la falta de control tanto de EJESA como de SUSEPU.
Durante una de sus últimas críticas, expuso que expuso que el secretario de Energía, Mario Pizarro, la demandó por “daño moral” por sus expresiones públicas, mientras que él mismo litigó contra una resolución federal que buscaba eliminar impuestos municipales y provinciales de las facturas de servicio.
Audiencia por la demanda de Pizarro a González
Este lunes se llevó adelante la audiencia inicial por la demanda por daños morales interpuesta por Mario Pizarro contra Claudia González.
Tras la misma, la abogada visitó los estudios de Radio 2 y expuso que la sesión judicial estuvo marcada por una presencia policial injustificada y un intento de impedir el acceso al público y a la prensa. La letrada dijo que intentaron expulsar a una periodista de la sala, pero el Juez resolvió que podía permanecer, a pesar de la oposición inicial del abogado de Pizarro.
La defensa de González argumentó que, según la doctrina de la Corte Suprema, los funcionarios públicos deben tener mayor tolerancia a la crítica debido a su exposición pública voluntaria.
En tal sentido, la defensora de consumidores aclaró que criticó a Pizarro en su rol de Secretario de Energía, no como escribano, y señaló que su carrera política no se vio afectada por sus dichos.
Siguiendo esa línea, volvió a criticar los servicios públicos, especialmente el cableado eléctrico obsoleto (con instalaciones de hasta 40 años) y la gestión deficiente de EJESA, que promete inversiones en tarifas pero no las realiza.
Cuestionó además el uso de fondos FOPEJ (administrados por Pizarro) para gastos discrecionales, como iluminar la cancha de un barrio, mientras persisten problemas estructurales y la falta de respuesta a usuarios electrodependientes.