Es importante destacar que las provincias son responsables del 75% del financiamiento educativo en Argentina, lo que resalta aún más la relevancia de este dato. Las provincias que redujeron el financiamiento educativo como porcentaje del gasto total son Catamarca, Jujuy, Corrientes, Santa Fe, Córdoba, Chaco, San Juan y Santiago del Estero. Por otro lado, Salta, Neuquén y Misiones fueron las provincias que más incrementaron su esfuerzo presupuestario destinado a la educación en el mismo período.
Panorama del financiamiento educativo y su impacto en la calidad educativa
La situación del financiamiento educativo en Argentina ha sido objeto de preocupación en los últimos años. Un informe del Observatorio de Argentinos por la Educación revela que en 12 de las 24 jurisdicciones del país se ha registrado una disminución en la participación de la educación dentro del presupuesto entre 2004 y 2021. Esta disminución, aunque menor en algunas provincias como Buenos Aires y La Rioja, alcanzó niveles significativos en otras como CABA y Mendoza.
El informe también destaca que en 2021, la provincia de Buenos Aires y Salta fueron las jurisdicciones que asignaron la mayor proporción de su presupuesto a la educación. En contraste, CABA y Santa Cruz fueron las que destinaron menos presupuesto en relación con su presupuesto total. Estas cifras revelan que la provincia de Buenos Aires invierte casi el doble que CABA en educación en relación con su presupuesto total.
Sin embargo, surge la pregunta sobre si existe una correlación directa entre una mayor inversión educativa y mejores resultados de aprendizaje. Según el especialista Alejandro Morduchowicz, no existen estudios concluyentes que demuestren esta relación en Argentina. No obstante, se reconoce que el modo en que se asignan los recursos educativos también juega un papel fundamental en el impacto en la calidad educativa.
El Ministerio de Educación de CABA plantea que los datos comparativos provinciales deben considerar los fondos coparticipables como parte de los "esfuerzos jurisdiccionales". Argumentan que CABA recibe menos recursos coparticipables debido a que su presupuesto se compone en su mayoría de recursos propios, y destacan su contribución significativa a los recursos coparticipables del país.
Es relevante destacar que el informe muestra que una proporción importante del presupuesto educativo de todas las jurisdicciones se destina al pago de salarios de docentes y no docentes. En algunas provincias, más del 80% del gasto educativo se utiliza para este fin. Esto no implica que los salarios docentes sean altos, sino que el sector educativo requiere una gran cantidad de recursos humanos. Además, se señala que la inversión en infraestructura es menor en comparación con los subsidios a las escuelas de gestión privada, lo que puede afectar la calidad del servicio educativo en las escuelas públicas.
En cuanto al gasto por alumno, el informe muestra variaciones significativas entre las provincias. Salta es la provincia que más aumentó el gasto por alumno en el nivel estatal en el nivel inicial y primario, mientras que Santa Cruz es la que más ha reducido este indicador. En el nivel secundario, La Pampa es la que más aumentó el gasto por alumno.
En 11 provincias, más de 8 de cada 10 pesos del gasto educativo se destinan a salarios.
A nivel internacional, la UNESCO ha establecido una recomendación de destinar al menos el 20% del presupuesto nacional a la educación.
Un presupuesto insuficiente limita la disponibilidad de recursos y materiales necesarios en las escuelas, como libros de texto, material didáctico, equipos de laboratorio, tecnología educativa, entre otros. Esto dificulta el proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que los estudiantes y los docentes no cuentan con los recursos adecuados para enriquecer su experiencia educativa.
La falta de inversión en salarios adecuados para los docentes lleva a una desmotivación y una disminución en la calidad del personal educativo. Esto dificulta la atracción y retención de profesionales capacitados, lo que a su vez afecta la calidad de la enseñanza y el aprendizaje.
También se ve en la falta de mantenimiento y mejoras en la infraestructura escolar, lo que puede dar lugar a edificios en mal estado, aulas sobrepobladas, falta de espacios adecuados para actividades extracurriculares, entre otros problemas. Esto afecta el ambiente de aprendizaje y compromete la seguridad y el bienestar de los estudiantes y el personal educativo.
La falta de inversión suficiente en educación también fomenta las brechas educativas y la desigualdad social. Los estudiantes de comunidades desfavorecidas y con menos recursos se ven más perjudicados, ya que no tienen acceso a oportunidades educativas de calidad y a los mismos recursos y apoyos que aquellos en entornos más privilegiados.
Además provoca una disminución de la calidad educativa en términos de los estándares de enseñanza, la actualización de los planes de estudio, la formación docente y la innovación pedagógica. Esto tiene un impacto negativo en el aprendizaje de los estudiantes y en su preparación para enfrentar los desafíos futuros.
El acceso a la tecnología y a Internet se ha convertido en un factor crucial en la educación contemporánea. Sin embargo, en Argentina, aún persisten graves deficiencias en la conectividad de las escuelas, lo que limita el aprendizaje y perpetúa la brecha digital. Un reciente informe revela que en 2022 había 16.864 escuelas sin conexión a Internet en el país, y solo se distribuyeron 610.000 netbooks, apenas el 40,7% de las 1,5 millones prometidas. Estos datos alarmantes son una llamada de atención sobre la falta de progreso en la promoción de la conectividad pedagógica en Argentina.
A pesar de que la meta oficial era garantizar la conectividad en el 90% de las escuelas del país, solo se logró alcanzar el 56,5%, lo que equivale a 28.479 unidades educativas conectadas. Esto significa que más de 16.800 escuelas aún permanecen desconectadas. Aunque el Ministerio de Educación de la Nación afirma que el 81% de la matrícula escolar tiene acceso a Internet, los números muestran una realidad diferente. Durante la pandemia, se reveló que cerca del 60% de los alumnos de escuelas estatales no tenían una computadora en casa ni una conexión a Internet adecuada para cumplir con sus tareas escolares. En contraste, en las escuelas privadas, estos porcentajes disminuyeron al 20% en acceso a computadoras y al 35% en acceso a Internet.
Ante este escenario preocupante, el Estado nacional asignó más de 90.000 millones de pesos al programa Conectar Igualdad en 2022, convirtiéndolo en el segundo programa educativo con mayor financiamiento, solo detrás de las universidades. Sin embargo, solo se ejecutó el 47,7% de esos fondos, explicando así el incumplimiento de los objetivos establecidos. Estos recortes presupuestarios evidencian la falta de prioridad y compromiso en la promoción de la educación digital.
La entrega de 612.504 netbooks en escuelas secundarias estatales durante 2022 es un avance, pero aún hay más de 880.000 estudiantes que no recibieron sus dispositivos. Los especialistas han advertido sobre la inestabilidad y los vaivenes en las políticas de educación digital en Argentina desde el lanzamiento de Conectar Igualdad en 2010. La inversión en conectividad educativa ha sido desigual, con años de alto financiamiento seguidos de periodos de escasa inversión. Aunque hubo un aumento significativo en la inversión en 2021, tanto ese año como en 2022 se produjo una sub ejecución del presupuesto asignado a la educación digital. Estos incumplimientos demuestran una falta de coherencia y continuidad en las políticas educativas.
La falta de conexión a Internet excluye a los estudiantes de los aprendizajes necesarios para desenvolverse en la sociedad del conocimiento. No basta con proporcionar dispositivos y acceso a Internet; es fundamental garantizar una educación de calidad que promueva un uso crítico y reflexivo de la tecnología. El acceso a Internet en las escuelas es solo el primer paso; es necesario contar con planes de enseñanza.
