La causa por el desalojo de Libertador podría elevarse a juicio oral antes de fin de año

La causa por el cuádruple homicidio de Libertador General San Martín en 2011 por el violento desalojo de familias de la CCC en la zona denominada “El Triángulo” podría elevarse a juicio oral antes de finalizar este año. Así lo manifestó a Canal 2 la Jueza de Instrucción carolina Pérez Rojas, quien llevó adelante las actuaciones del caso y en la que quedaron imputados el actual Subjefe de la Policía de la Provincia, Fabián Sosa, y los comisarios generales retirados Jorge Ayarde (Jefe de Policía en ese momento) y Sergio Vilca; los comisarios mayores, Néstor Vera y Miguel Ángel Castro y los comisarios inspectores Federico Flores y Marcos Reyes, por la supuesta autoría de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia judicial.

El 28 de julio del 2011, en una violenta represión ordenada por el Juez Jorge Samman y ejecutada por la Policía de la Provincia, en el sector de “El Triángulo”, un predio perteneciente a la empresa Ledesma S.A., murieron cuatro personas: Alejandro Farfán, Félix Reyes, Víctor Heredia, todos civiles, asesinados por armas de fuego y Juan José Velásquez, agente de policía.

En esa oportunidad se desalojaron a 700 familias en una injustificada y violenta represión que arrojó como saldo del actuar represivo policial, además de los cuatro muertos, más de 30 heridos y 30 detenidos, en siete horas de una incesante represión por parte de la Policía de la provincia de Jujuy.

Samman dictó la orden de desalojo del predio, el día antes de salir de feria judicial y aparentemente no habría advertido a la jueza subrogante, la Dra. Ana Carolina Pérez Rojas que se iba a realizar este desalojo.

El predio de “El Triángulo” de unas 15 hectáreas, era ocupado en ese entonces por gente perteneciente a la Corriente Clasista y Combativa, y vecinos de Libertador que no necesariamente pertenecían a la organización liderada por Kike Mosquera.

El expediente ya cuenta con 24 cuerpos de 200 fojas cada uno y se espera que antes de fin de año la causa pueda ser elevada a juicio oral.

La jueza Pérez Rojas manifestó a Canal 2 que “nosotros hemos dividido la causa, por su tamaño, y debido fundamentalmente a que ha habido cuatro homicidios, de los cuales se ha resuelto sobre un homicidio, que es el del policía, que es el único sobre el cual contábamos con pruebas válidas para poder resolver su situación”.

“Respecto de los otros tres homicidios, que son de los civiles, eso es lo que está en trámite y en investigación todavía, es lo que corre por el Expediente Nº 97/11 en el que hasta la fecha se siguen tomando testimonios y declaraciones”.

“Ya hemos hecho varios llamados a la comunidad, para que vengan a deponer quienes tuvieran conocimiento o hubieren visto algo concreto respecto a estos homicidios puntuales, que son sobre los cuales seguimos investigando y tratando de establecer la autoría”, indicó.

Además, la magistrada recordó que “en este mismo expediente se tramitan contra personas desconocidas los homicidios y se ha imputado a personal civil la instigación al delito y también se ha imputado a personal de la Plana Mayor de la Policía respecto del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público y desobediencia judicial”.

En cuanto a la posible elevación a juicio de la causa antes de fin de año, Pérez Rojas puntualizó que “el expediente ya lleva 24 cuerpos, cada cuerpo consta de 200 fojas, por lo tanto es un volumen importante de actuaciones, no se ha parado en ningún momento de trabajar sobre el tema. Tenemos toda la intención de llegar a tiempo a resolver este tema antes de fin de año, todo depende de la comparencia de los testigos y de los denunciantes porque muchas veces se establece una cita, se establece una audiencia y se libran las cédulas a las partes, que son 12 abogados. Llegado el momento no comparecen porque no se los ha llegado a ubicar o porque simplemente no han comparecido a pesar de estar notificados. Esto demora el tratamiento de la causa porque nuevamente hay que disponer la citación respecto de las notificaciones, separar un día del calendario para efectuarlas y esto es lo que retrasa a veces en demasía el trámite de los expedientes. En estas causas no se tramitó con personas detenidas”, subrayó.

En relación a las penas que les cabrían a los imputados, Pérez Rojas sostuvo que “para la instigación al delito, tiene una pena de hasta 3 años; el homicidio tiene una pena de 8 a 25 años; y la desobediencia de funcionario público tiene hasta dos años”, concluyó.