Habrían imputado a 13 policías por el acuartelamiento de diciembre
Sería por el delito de extorsión, en el marco de la causa que inició el Estado provincial contra “personas a establecer”, tras los incidentes que se produjeron en la provincia el pasado 9 de diciembre. Los $ 8.500 tampoco fueron abonados.
La revuelta policial que convulsionó a varias provincias del país, y a Jujuy en particular, en diciembre de 2013, está lejos de ser un capítulo cerrado en nuestra provincia. En la última semana, todas las expectativas estuvieron centradas en el cronograma de pagos de la administración pública, que en su día inicial señalaba a las fuerzas de seguridad como los primeros en recibir sus haberes de enero, con lo cual la mayor incógnita a develar era si el gobierno de Eduardo Fellner finalmente cumpliría con el compromiso de incrementar a $ 8.500 pesos el sueldo mínimo de los uniformados, máxime teniendo en cuenta la incertidumbre que arrojaba el propio Gobernador en cada intervención pública, remarcando las dificultades financieras de la provincia.
Si bien hasta el momento no hubo testimonios públicos, ni de policías –tampoco podrían hacerlo por temor a sanciones– ni de familiares, ni de los retirados, ni de sus representantes legales, es un secreto a voces que hubo una mejora salarial para el sector, pero la cifra estuvo lejos de alcanzar los $ 8.500 que señalaba el acta acuerdo firmado en casa de gobierno el 9 de diciembre, mientras afuera se producían los saqueos. Resta saber con exactitud el monto del incremento, y si se trató de una suma fija “en negro” o si se integraría al sueldo básico, como las fuerzas de seguridad aspiraban.
A esta situación se sumó un nuevo dato que disparará la polémica en las próximas jornadas: fuentes allegadas a los familiares de las fuerzas de seguridad confiaron a Jujuy al Momento que, en el marco de la causa judicial que inició el Estado provincial tras los desmanes que se produjeron durante aquella jornada, la Justicia local habría imputado a 13 integrantes de la fuerza de seguridad, en principio, serían 12 pertenecientes a la policía de la provincia y el restante integraría el Servicio Penitenciario.
Este paso dado por la Justicia, de confirmarse, sumará polémica en este tema, ya que el segundo punto del acta acuerdo mencionado, establecía el compromiso del Gobierno provincial de no avanzar en ningún tipo de sanciones ni represalias contra los protagonistas de la revuelta.
Por otro lado, es sabido el malestar subyacente en la sociedad por el desborde de lo que se inició como un reclamo salarial, y concluyó con saqueos a 58 comercios locales, destrozos en la Casa de Gobierno y agresiones a la prensa, con lo cual, no serán pocos los que celebrarán esta medida.
En este contexto, se esperan para este lunes por la mañana expresiones públicas del grupo de familiares de policías, que tras el pago efectivo de los haberes, sentarían postura respecto del incremento recibido y sobre la imputación de los uniformados.