Jujuy necesita una reforma no solo contable sino cultural y de gestión

Es vital distinguir entre el achique por necesidad financiera y una reforma por cuestiones de gestión. El contexto es claro: el mensaje de las urnas, con el triunfo de La Libertad Avanza, exigió un cambio de rumbo, y la respuesta inmediata de la política tradicional es, a menudo, la poda de cargos. Sin embargo, la eficiencia no es una función inversamente proporcional al número de funcionarios. De hecho, una reducción mal planificada puede llevar a la sobrecarga de áreas críticas, la dilución de responsabilidades y, paradójicamente, a una mayor lentitud burocrática.

El verdadero cáncer de la administración pública no reside en la cantidad de empleados, sino en la calidad de los recursos humanos y en la profesionalización de la función. Lo que la ciudadanía reclama, y lo que los problemas estructurales jujeños demandan (pensemos en la diversificación de la matriz productiva, la lucha contra la pobreza, la mejora de los indicadores educativos, o la gestión transparente de los recursos mineros o el problema del agua), requieren capacidad técnica, idoneidad y visión de largo plazo. El problema histórico de la política argentina es el amiguismo y el compromiso político que termina designando a personas sin la expertise necesaria en puestos de alta complejidad solo para saldar deudas partidarias. Este es el verdadero foco de la ineficiencia. Si el gobernador Sadir reduce ministerios y secretarías, pero los cargos clave restantes siguen siendo ocupados por la cuota política en lugar de por el mérito, el resultado neto será tener un estado más pequeño, pero igualmente ineficaz para diseñar e implementar políticas públicas complejas.

La reforma que Jujuy necesita no es meramente contable, sino cultural y de gestión. Implica la institucionalización del mérito como único criterio de ascenso y designación, el establecimiento de indicadores de desempeño medibles y transparentes para cada organismo, y la rotación o desvinculación de aquellos funcionarios que demuestren ser ineficientes o prescindibles, independientemente de su origen político. Reducir el gabinete es una señal política fuerte, que comunica austeridad, pero esa señal debe estar acompañada de una estrategia de gestión inteligente el ejemplo más claro de una gestión poco inteligente quedo plasmada en las declaraciones del ministro de infraestructura Carlos Stanic al calificar de mentirosos a los ciudadanos de Yala tapando la clara ineficiencia de gestión.

La idea es priorizar, fusionar áreas con funciones redundantes y, fundamentalmente, invertir en la capacitación y en la estabilidad de los cuadros técnicos de carrera que realmente sostienen la gestión diaria. Si el anuncio de reducción es solo un gesto reactivo a la derrota electoral, corre el riesgo de ser una medida superficial que no resolverá la demanda de la gente, que exige soluciones con profesionalismo.

La lección es clara: el ahorro es importante, pero la eficacia es fundamental, y esta última solo se logra eligiendo a los mejores y exigiendo resultados, no simplemente reduciendo el número de escritorios.

La falta de gestión, es una crítica que va directo al corazón de la administración radical, señalando que el problema no es meramente ideológico o de discurso, sino de capacidad operativa para mejorar la vida diaria de la gente. El planteo es irrebatible: a la gente no le interesa tanto si el recorte de funcionarios es grande o chico, sino que sus problemas se resuelvan; lo inaceptable es que la pobreza, la ineficiencia sanitaria, la inseguridad o la falta de oportunidades se naturalicen y se vuelvan crónicos. Este es el verdadero voto castigo que explica el resultado electoral.

La naturalización de los problemas es la peor enfermedad que puede tener un gobierno. Significa que la administración, en este caso radical, se ha acostumbrado tanto a la existencia de déficits estructurales que ha dejado de verlos como emergencias a resolver y los ha integrado al paisaje político de la provincia. Cuando esto ocurre, la gestión se estanca; se vuelve inercial, burocrática y desprovista de la voluntad política necesaria para encarar transformaciones profundas. El ciudadano percibe esta parálisis. No ve hospitales que funcionen mejor, no ve una matriz productiva que genere empleo genuino más allá del empleo público, y no ve que la educación prepare a sus hijos para el futuro. Lo que ve es una administración lenta, en muchos casos opaca, y, peor aún, que parece haber renunciado a la lógica de la solución.

Es aquí donde entra el factor La Libertad Avanza. El triunfo de esta fuerza en un distrito con una tradición política tan marcada, no es solo un fenómeno ideológico, es la expresión del hartazgo con esa falta de gestión.

El votante, desesperado por la cronicidad de sus problemas, abrazo el discurso radicalmente opuesto al status quo. Votar por una opción distinta que no exprese más de lo mismo.

Los jujeños le piden a los ganadores que hagan algo, lo que sea, pero diferente a lo que se está haciendo. En este contexto, el anuncio del gobernador Sadir de reducir el gabinete se convierte en un intento de respuesta a lo que pide la sociedad. Pero, si ese recorte es solo cosmético, si no viene acompañado de una sacudida en la cultura de gestión y un replanteo de prioridades, la inercia continuará. Sadir tiene el enorme desafío de demostrar que el problema no es la herencia o la falta de dinero, sino la falta de acción ejecutiva y la ausencia de cuadros técnicos idóneos. La gente quiere ver que el gobierno sienta los problemas, como propios y que actúe con la velocidad y la contundencia que la emergencia social y económica exige.

Si el gobierno radical no logra revertir esa percepción de gobierno que no gestiona, cualquier movimiento en el tablero de ministros será interpretado como una maniobra “distractiva”, y la naturalización de los problemas seguirá siendo el combustible que alimenta el voto de protesta.

La consigna para Sadir no es ahorrar, es solucionar, porque la gestión eficaz es la única garantía de supervivencia política en tiempos de crisis y descontento generalizado.