Estos reclamos se vienen realizando mensualmente, sin que autoridades de la obra social o del gobierno jujeño respondan ni solucionen los mismos.
Muchos consideran que el caso de Raquel es paradigmático de los pacientes en su estado: necesita la atención de profesionales específicos y no la tiene; su hija necesita atención y tiene que pagarla; tiene que acceder a medicación no contemplada en el vademécum de la institución, y los profesionales incluidos en la nómina del ISJ se niegan a trabajar con la obra social por falta de pago de honorarios.
“Tuve que acogerme a un programa denominado Reumonoa; tenemos una chequera donde viene una orden médica para un estudio, y puedo acceder a la medicación pero no puedo acceder a la parte profesional, porque a quien acudo me dice que no trabaja con esta obra social o tengo que pagar una suma extra. Con mi hija sucede lo mismo: es adherente pero tuve que pagar estudios que necesitaba realizarse de mi bolsillo”.
“Cada vez menos profesionales trabajan con la obra social; tanto yo como mi padre, que también era discapacitado, no recibimos la atención como se debe. Si uno tiene obra social debería tener una mínima cobertura, y no la tenemos. Cuando necesitamos medicación en la farmacia nos dicen que no está contemplada en el vademécum”.
“Cuando expuse mi situación en el ISJ me dijeron que tenía que consultar a profesionales incluidos en la nómina. Fui a la consulta de varios de ellos, y me dijeron que no trabajan con la obra social por irregularidades en los pagos. Y desde el Instituto instan a denunciar a esos profesionales. Uno queda en el medio del conflicto y nadie le da una respuesta”.
“Debería haber una intervención del Estado en esto, para mejorar la situación; somos muchísimos afiliados y no tenemos posibilidad de elegir una obra social”.
