La abogada Silvana Llañes, querellante en causas vinculadas a la represión de junio de 2023 en Jujuy, denunció un fuerte estancamiento en la investigación judicial y cuestionó la falta de avances para determinar responsabilidades políticas en los hechos.
Jujuy |
Apuntan a la cadena de mando en la causa por la represión de 2023
La abogada Silvana Llañes cuestionó la investigación judicial por el “jujeñazo” y aseguró que existe una “falta total de objetividad”. Reclamó que se cite a funcionarios y sostuvo que se busca “garantizar impunidad”.
Según afirmó, a casi tres años de los episodios, “no hay una investigación integral ni seria”, pese a que desde la querella se presentaron numerosas pruebas que, sostiene, permiten identificar a los responsables de los operativos represivos.
“Tenemos una causa iniciada en julio de 2023 y apenas 34 efectivos policiales imputados. Si no fuera por la insistencia de la querella, no habría absolutamente nada”, señaló.
Llañes remarcó que el foco de la investigación está puesto en los agentes que actuaron en el terreno, pero no en quienes habrían impartido las órdenes. En ese sentido, apuntó directamente a la cadena de mando política.
“Los propios policías declararon que no actuaban sin órdenes superiores. Estamos hablando de responsabilidades que llegan a las máximas autoridades de ese momento”, sostuvo, al mencionar al entonces gobernador Gerardo Morales, al exministro de Seguridad y otros funcionarios.
La abogada indicó que solicitaron la citación de varios dirigentes y funcionarios que, según afirmó, estaban presentes durante los operativos. Sin embargo, denunció que esos pedidos no prosperaron.
“Se corta siempre por el hilo más fino. No se investiga a quienes tomaron las decisiones”, cuestionó.
Otro de los puntos que marcó es la ausencia de protocolos de actuación. Según explicó, un informe oficial incorporado a la causa señala que no existían reglamentos ni lineamientos específicos para intervenir en ese tipo de situaciones.
“No había protocolos. Salieron a reprimir sin ningún tipo de regulación clara, y ahora nadie se hace responsable”, afirmó.
Además, Llañes denunció graves irregularidades en la atención a personas heridas durante los operativos. Como ejemplo, mencionó el caso de un manifestante que, pese a presentar múltiples lesiones, habría sido trasladado a una unidad penal sin recibir atención médica adecuada.
“Esto no fue negligencia, fue una decisión. Hay un patrón que muestra cómo se actuó en esos días”, aseguró.
En ese contexto, criticó duramente el accionar del Ministerio Público de la Acusación y del Poder Judicial, al considerar que existe falta de imparcialidad y dilaciones injustificadas.
“Lo que vemos es una investigación frenada. No hay voluntad de avanzar y eso deja a las víctimas en total desprotección”, advirtió.
La abogada también valoró la intervención de organismos internacionales como Amnistía Internacional, que se presentó en la causa como “amicus curiae”.
“Es importante que haya organismos que pongan el foco en estas violaciones a los derechos humanos. Puede ayudar a que la investigación avance”, consideró.
Finalmente, Llañes insistió en la necesidad de que se garantice justicia para las personas afectadas.
“No se trata solo de algunos casos puntuales. Hubo comunidades originarias, trabajadores y ciudadanos que fueron víctimas de violencia institucional. Hoy no hay respuestas”, concluyó.