Falta de datos precisos sobre la contratación de empleados y el nombramiento de asesores; existencia de ñoquis y otro casos “Chocolate”; manejos opacos del presupuesto y de fondos reservados; gastos protocolares sin rendición; ausencia de registro de asistencia del personal; uso de vehículos incautados por la Justicia; y más de un centenar de pasajes aéreos por mes a disposición.
Un informe de peso habla de sobresueldos en la Legislatura de Jujuy
Un relevamiento de la red federal RUIDO y Poder Ciudadano muestra que casi el 90% de los órganos legislativos de las provincias ocultan datos sobre el personal y el uso de fondos para su funcionamiento. Entre los organismos expuestos está la Casa de Piedra jujeña.
Estos son algunos de los principales hallazgos de una nueva investigación de la red federal RUIDO, sobre la falta de transparencia en las 24 legislaturas provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires.
El informe, realizado en alianza con Poder Ciudadano, revela que el denominador común de las legislaturas locales, en la gran mayoría de los casos, es el ocultamiento de información relativa a su funcionamiento, su personal y la ausencia de controles eficientes.
Situación de la Legislatura de Jujuy
En Jujuy existe un “Régimen de fondos para el funcionamiento de organismos legislativos” desde hace 25 años que, en la práctica, es una especie de sobresueldo para uso discrecional de cada diputado jujeño. Los proyectos para derogar este régimen nunca avanzaron, remarca el informe.
Más datos de RUIDO sobre Jujuy:
- No se brinda ni un dato.
- La denuncia por obligar a un empleado a repartir su sueldo fue archivada.
El resto de las provincias
En Tucumán, hasta la Corte Suprema provincial avaló ese secretismo al considerar que son “datos sensibles”, según revela el informe conocido hoy. En esta provincia, ninguno de los 49 legisladores contestó el pedido de acceso a la información de RUIDO solicitando los datos sobre los recursos a su disposición o el personal de la Legislatura. Hay casos como el de Misiones, en donde ni siquiera se informa el presupuesto anual que tiene el cuerpo. Legisladores de la oposición tampoco se mostraron proclives a brindar información.
Lejos del escrutinio público, se repiten los casos de empleados “ñoquis” que cobran sin haber pisado nunca una legislatura. En uno de los casos que tomó mayor dimensión pública, el de Julio “Chocolate” Rigau que cobraba los sueldos con las tarjetas de débito de, al menos, 50 personas registradas como empleados en la Cámara de Diputados bonaerense que no iban a trabajar, este cuerpo le entregó a la Justicia el listado de las personas que trabajan o trabajaron en la Secretaría Administrativa, recién ante la inminencia de una allanamiento. La maniobra habría estado destinada a generar una caja para el financiamiento ilegal de la política.
En Entre Ríos, un asesor del exdiputado provincial Ricardo Troncoso denunció en 2018 que debía dejar parte de su sueldo al legislador. Fue el puntapié de la causa conocida como los “contratos truchos” de la Legislatura, que implicó un desfalco de unos USD 53 millones entre 2008 y 2018, un escándalo cuyo juicio aún no comenzó en la provincia.
El informe revela casos de incorporaciones masivas de personal. como en la Legislatura de Chaco donde, en 2023, hubo un ingreso de 300 personas. Y en San Luis, a meses de dejar el gobierno, a finales del año pasado, el entonces gobernador Alberto Rodríguez Saá impulsó una reforma que creó 53 nuevos cargos políticos en la Legislatura. La nueva gestión dio marcha atrás con esas designaciones. En la Legislatura de Entre Ríos, en tanto, se dio un proceso de “depuración” de contrataciones producidas en el último año, antes del cambio de gobierno.
En la mitad de los legislaturas provinciales en el país no hay registro de asistencia de personal o faltaron datos suficientes para determinar si existe. Y en las otras 12 existen sistemas por huella dactilar, biométrico o por planilla, pero no se pudo comprobar que los mismos se utilicen en todos los espacios, o para toda la planta de personal.
El secretismo que rodea a los gastos de las legislaturas permite, también, que haya diputados provinciales que cobran “doble salario”, como en San Luis, donde los legisladores reciben cada mes una cantidad de “módulos” equivalentes a un salario bruto. Si bien deben ser rendidos, no hay constancia de que lo hagan. Es decir que cada mes reciben, además de $1.400.000 de dieta, otro monto similar por ese concepto, según determinó RUIDO.
Sólo en 11 de los 24 legislatura locales se pudo conocer cuántos asesores hay por legislador. El número va de 2 hasta 10 por cada uno, como en Tierra del Fuego o Formosa. En las otras 13 provincias, RUIDO no pudo determinar este dato porque no dieron esa información. El informe revela que, en casi todos los casos relevados, existen otras modalidades de contrataciones a cuyos registros no se pudo acceder.
Por ejemplo, en Tierra del Fuego, la presidencia del cuerpo - hoy a cargo de la vicegobernadora Mónica Urquiza -puede designar hasta 68 asesores, además de los 10 que nombra cada legislador. En esa misma provincia, la planta política es más grande que la permanente. El año pasado tuvo solo cuatro sesiones ordinarias.