Presentar las DDJJ o conservar la autonomía sindical
En diálogo con Radio 2 el abogado laboralista Miguel Imperiale defendió la postura reticente de los sindicalistas a la hora de presentar declaraciones juradas. Un precedente de 2002 ampara la autonomía de los gremios, y, a pesar de ello, Carlos Santillán, referente de uno de los gremios más convocantes de Jujuy, no tuvo objeción alguna en cumplir con el trámite.
Las acusaciones cruzadas entre referentes sindicales y funcionarios que tuvieron lugar la última semana se intensifican con la presión que el organismo de control ejerce sobre las declaraciones patrimoniales de ambos. No solo siete miembros de la función pública se encuentran en falta, a quienes conducen asociaciones gremiales también se les termina el plazo de presentación de DDJJ.
La modificación de la ley de ética pública que propone la rendición de cuentas por igual, para los sectores antes mencionados, continúa siendo rechazada por el ámbito sindical, inclusive llamada inconstitucional bajo una serie de conceptos que el abogado Miguel Imperiale explicó a Radio 2.
“Hay un antecedente en 2002 cuando se presentó un recurso de inconstitucionalidad abortando la presentación de DDJJ por considerarla una ilegalidad. Rechazarla no es una violación a la ley, porque esta signada para funcionarios. Los sindicatos tienen que tener autonomía para generar su propia purga”.
En 1988 las asociaciones obtuvieron libertad sindical ratificando los conceptos de Imperiale. De hecho para el abogado la exigencia corresponde a una “jugada política para doblegar a los sindicalistas y torcer el rumbo de las instituciones en plan de lucha”.
La modificación planteada en la ley 5887 incluye como función pública a quienes administran derechos o intereses de grupos de personas organizadas, esta definición incluye asociaciones gremiales equiparando las obligaciones, en cierta medida con las de un funcionario, independientemente de si manejan fondos particulares o públicos.
Es de conocimiento público, inclusive a nivel nacional, que existen numerosas irregularidades en las DDJJ de funcionarios, así como también dudas sobre el proceder de los bienes de numerosos gremialistas. Números que simplemente no cierran donde Afip parece no poder interceder con rigor.
En este contexto de sospechas, la presentación de declaración jurada de Carlos Santillán, miembro de uno de los gremios con mayor convocatoria y activismo de la provincia, pone en tela de juicio las objeciones de sus pares. Si el secretario gral. de SEOM puede rendir cuentas por voluntad propia, que se lo impide a los demás dirigentes gremiales.