El gobernador Gerardo Morales confirmó este domingo lo que había anunciado su ministro de hacienda, Carlos Sadir, un día antes.
La provincia no cuenta con recursos suficientes para hacer frente al pago de salarios de los trabajadores estatales, elemento esencial para el sostenimiento del orden público en Jujuy.
Pese a que el gobierno apostó - con una estrategia comunicacional de manual - a que el alarmante dato sea disimulado por el retorno de la actividad en restaurantes y galerías comerciales, la crisis del cronograma salarial no pasó inadvertida en los sectores más informados de Jujuy.
La última vez que la provincia arrastró deudas con los trabajadores estatales fue en diciembre de 2002, cuando la incipiente gestión del peronista Eduardo Fellner estiró hasta la segunda quincena el pago de los haberes en la administración pública y el anuncio del aguinaldo.
A partir de allí, Fellner logró sostenerse 17 años en el gobierno construyendo poder sobre el modesto mérito de desplegar un lobby eficaz en Buenos Aires y así poder pagar los sueldos al día. Fue lo que se llamó “la previsibilidad”.
Cuando asumió el poder, Gerardo Morales buscó desmarcarse rápidamente de aquella pobre performance, atravesada por hechos de corrupción y agotada en el año 2015.
Ni bien ganó las elecciones, el nuevo gobernador instaló su propio relato: “el cambio de la matriz productiva”, que intentaba contrastar con la falta de pergaminos de su antecesor en materia de desarrollo económico.
Así fue que el mandamás radical habló con grandilocuencia de los nuevos elementos que su gestión introduciría en la economía jujeña: la energía solar, la explosión del litio, la recolección de residuos, la producción de cannabis con fines medicinales, el turismo y el desarrollo de big data se agregarían a la minería, el tabaco y la caña de azúcar, industrias tradicionales en declive.
Con ese noble objetivo, el nuevo gobierno endeudó a la provincia en más de 1000 millones de dólares, cifra equivalente a un presupuesto anual.
De aquellas inversiones salvadoras, por ahora sólo está en pie pero varada y con una incertidumbre temeraria, la planta solar que se construye en Cauchari.
Ni el gobernador ni sus funcionarios pueden precisar hoy cuando comenzará a producir y sobre todo a facturar energía el promocionado parque.
Lo que sí aparece con certeza en las planillas presupuestarias son los intereses que se deben pagar por aquella apuesta: 27 millones de dólares anuales que en 2022 treparán a 210 millones de la moneda estadounidense.
Pero además, y sólo por mencionar los más difundidos, el gobierno accedió a tres créditos por otros 150 millones de dólares con el objetivo de financiar:
El dinero ingresó al tesoro de la provincia puesto que los compromisos de deuda figuran en las planillas de ejecución presupuestaria del ministerio de hacienda, pero ninguno de los tres proyectos fue completado.
En concreto, lo que hoy queda para la sociedad jujeña son los compromisos de pago con organismos internacionales que agigantan el déficit de la provincia.
Mientras el proceso de endeudamiento tenía lugar, el gobierno multiplicó las estructuras burocráticas con una planta de personal que según la dirigencia gremial, ascendió de 300 a 1000 cargos políticos.
El estado se ramificó en subsecretarías y coordinaciones impregnadas por una gran dosis de nepotismo y militancia con escasos antecedentes en las áreas de incumbencia.
Esa expansión del gasto sólo fue posible gracias a la permisividad del ex presidente Mauricio Macri, que se convirtió en una suerte de benefactor de la gestión Morales, a la que financió sin reparar demasiado en el principio de la eficiencia y la austeridad.
Mientras la mayoría de los distritos del país logró equilibrio fiscal en el periodo comprendido entre 2015 y 2019, Jujuy mantuvo un déficit superior a los 5 mil millones de pesos, lo que equivale a un mes y medio de salarios estatales.
Sin explicación acabada de la utilización de los recursos públicos, el gobierno provincial pudo sobrellevar su bonanza gracias al temor que la gestión Macri le tuvo siempre a la posibilidad de “fuego amigo” por parte de Morales.
La fragilidad política del ex presidente fue el mejor negocio para el gobierno jujeño.
Esa táctica, con Alberto Fernández y Cristina Kirchner en la Casa Rosada, quedó obsoleta de movida. Fernández le hizo saber al mandatario jujeño que no le daría ni más ni menos de lo que a la provincia le correspondía por coparticipación federal, sin financiar ningún déficit.
Luego llegó la pandemia de coronavirus que no hizo más que agravar las circunstancias.
El parate obligado de la economía acortó los tiempos para Jujuy: el bache financiero que Morales y compañía proyectaban remar hacia finales de octubre apareció inusitadamente en el mes de mayo, de la mano de la caída de la recaudación en todo el país.
Así, precipitadamente, el castillo de naipes de las finanzas locales se derrumbó.
El gobierno provincial hoy ve todas sus fuentes de financiamiento obturadas.
En Casa Rosada o en Olivos el método de presión ya no va más, ahora no queda otra que rogar buena voluntad.
En los organismos internacionales, al decir de la oposición, se le debe una vela a cada santo.
El nivel de gasto en la administración pública es mucho mayor del que existía en 2015.
Y encima hay deuda que pagar.
El COVID-19 ha provocado un derrumbe en la economía mundial, de eso no hay dudas. Pero en Jujuy, el desequilibrio de la administración debe a rastrearse desde mucho antes.
