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Otra contra Morales: investigarán cada movimiento de su gobierno

Un abogado local anunció que se creará la denominada "Fiscalía Social de Corrupción" para controlar cada movimiento del primer mandatario provincial.

  • Alberto Nallar, abogado jujeño, anunció que se creará una oficina para controlar cada acción de la gestión de Gerardo Morales.
  • De acuerdo al letrado, se tendrá en cuenta “los actos de gobierno para evitar las consecuencias letales de la corrupción”.

El abogado local Alberto Nallar tuvo arresto domiciliario recientemente, acusado de alzamiento público e instigación a la comisión de delitos, entre los cuales se mencionaron cortes de rutas nacionales y provinciales para protestar contra la reforma parcial de la Constitución de Jujuy.

La detención del letrado duró aproximadamente 30 días, durante los cuales éste repitió: “la decisión (del gobierno) es callarme”, ya que acusaba al gobernador de Jujuy, entre otras cuestiones, de “usurpar” la Justicia de Jujuy, manejando a su conveniencia el Poder Judicial.

Tiempo después de haber recuperado su libertad, Nallar anunció la creación de la que denominó “Fiscalía Social de Corrupción”, un organismo del que se tienen pocos detalles pero que estaría destinado a controlar, básicamente, cada paso del gobernador Gerardo Morales, cada acción de su gobierno.

A pesar de que no se profundizó en cuestiones como qué organismos, instituciones o personas físicas propusieron crear el organismo, cómo se elegirán sus autoridades, y quiénes pueden postularse para serlo, Nallar dijo que el fin del organismo es controlar actos de gobierno para “evitar la corrupción”.

Buscan crear una Fiscalía Anticorrupción Social para investigar los actos cometidos por el gobierno

“Se denomina fiscalía porque se pretende fiscalizar, controlar. Será un organismo social que tiene la voluntad de controlar los actos de gobierno para evitar las consecuencias letales de la corrupción. Y si como consecuencia de lo que investiguemos advertimos que no existe corrupción alguna, con la dignidad que a todos nos caracteriza, diremos: “Morales, su gobierno es limpio”.

“(La elección de autoridades) será una decisión colectiva; tuvimos 20 asambleas desde La Quiaca hasta Ledesma porque la misma gente que estuvo operando en la protesta es la que está decidida a llevar a cabo este órgano social que no tiene formato determinado, sino que la misma gente es la que decidirá los 10 miembros de una comisión investigadora que convocará a profesionales para llevar a cabo un trabajo técnico de investigación de actos de gobierno”.

“En la ley 5.886, el gobernador Morales dice que los funcionarios tienen la obligación de proveer esa información sin ningún tipo de retaceo y en tiempo oportuno, 15 días. Creemos que si Morales sancionó esa ley es porque nos faculta para ejercerla y la podemos ejercer de forma individual o colectiva. Este colectivo social se autodenominó fiscalía solamente porque fiscalía viene de fiscalizar, que es investigar”.

Se originó hace tres meses cuando se supo que se estaba reformando la Constitución solamente para dar curso a una iniciativa personal. Cualquier reforma debe surgir de la gente, debe haber un debate previo, sin embargo se llegó hasta la convención constituyente sin saber qué era lo que Morales pretendía reformar. Esto generó un gran impacto social que llevó a la protesta sacrificada de muchas personas que se movilizaron a las rutas a las que el gobernador tildó de delincuentes, olvidando que en Buenos Aires (avenida) 9 de julio es motivo de acampes permanente y a nadie se le ocurrió decir que eso es un delito”.

“Esto llevó a la sociedad a plantearse la necesidad de vigilar los actos de gobierno. El 17 de diciembre de 2015 Morales sancionó una ley de derecho de acceso a la información pública en la que se consagra a este derecho como uno humano, fundamental, que puede ser ejercido por cualquier particular sin necesidad de expresar motivo por el cual requiere la información. Las comunidades aborígenes, organizaciones sociales y docentes decidieron organizarse para pedir de modo privado la información para conocer los actos de gobierno, porque entendemos que, así como fue absolutamente ilegítima la sanción de la Constitución, hay muchos otros actos que merecen una necesaria investigación social”.

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