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La ley de Morales: perseguir, silenciar y disciplinar a los que protestan

En los últimos años se incrementaron las denuncias públicas contra el gobierno jujeño por la criminalización de los reclamos. Referentes de comedores, gremialistas, legisladores, padres de estudiantes, profesionales de la salud e incluso vecinos son blanco de persecuciones de todo tipo en pos de acallar las críticas contra la gestión.

  • La criminalización de la protesta se ha vuelto una práctica habitual en los últimos años de gestión del gobernador Gerardo Morales.
  • Causas contravencionales, investigaciones en la Oficina Anticorrupción y persecución policial, el Ejecutivo provincial se vale de cuanto tiene a su alcance para arremeter contra sus detractores.
  • En un año de fuerte tinte político, la única prioridad es mantener la ilusión de “paz social”.

Con numerosos conflictos en auge en materia de salarios, gremios, transporte, asistencia alimentaria y desempleo, el gobierno jujeño consiguió un respiro con la aparición de la pandemia de coronavirus.

La imposición de la cuarentena y las normas de distanciamiento social terminaron desarticulando las protestas en las calles y frente a Casa de Gobierno por un largo tiempo.

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Sin embargo, la urgencia de los distintos sectores y la falta de respuestas en las correspondientes reparticiones empujaron a miles de jujeños a manifestarse nuevamente dejando en evidencia que la pregonada “paz social” no existe en Jujuy.

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El gobierno eligió entonces el camino de la persecución y el hostigamiento frente a todos los actores que develan su inacción y por eso busca la forma de callar a las voces que gritan la realidad en la que vive la provincia.

En diciembre del año pasado organizaciones que integran la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), determinaron una jornada de medidas de fuerza ante la falta de asistencia del Estado y el retraso de pagos presupuestados a comedores. La respuesta de Morales fue multarlos por cometer una contravención pero jamás se ocupó de solucionar el grave problema que ellos planteaban.

Organizaciones sociales marcharon contra la criminalización de la protesta
Esta no es la justicia, es el poder de policía de Gerardo Morales

Ese mismo mes, en el marco de un corte de ruta en el puente de rio Perico, el ahora ex jefe de policía Guillermo Corro y actual ministro de Seguridad, simuló un acercamiento e incluso saludó a Santiago Seillant del SEOM, a quien segundos después efectivos policiales detuvieron arbitrariamente y sin un pedido de detención.

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Así fue la sorpresiva detención del sindicalista Seillant

El 25 de febrero de 2021 en la Casa de Piedra, diputados y referentes del Frente de Izquierda y los Trabajadores fueron agredidos por efectivos de la policía cuando intentaban ingresar al recinto. El oficialismo se había comprometido a aceptarle la renuncia al legislador Iñaki Aldasoro y en su lugar debía asumir Gastón Remy, pero faltaron a su palabra.

Brutal represión a legisladores del FIT

En otro ámbito, padres de alumnos del Colegio N° 2, también salieron a las calles a protestar por un establecimiento digno para sus hijos, debido a que la obra del colegio está paralizada hace más de dos años y deben tomar clases en el hogar Escuela. Pese a tratarse de un reclamo pacífico hubo padres que advirtieron que la policía los estaba siguiendo.

Incluso los gremios estatales en plena negociación paritaria advierten sobre estas tácticas intimidatorias.

"Al que hace una medida de fuerza se le arma una causa"

“Al que hace una medida de fuerza se le descuenta, se lo sumaría y se le hace una causa”, precisó Susana Ustarez del Frente de Gremios Estatales.

Otro ejemplo: La toma en la Escuela Nº 362 de Coranzulí por tercer día consecutivo solicitando que se amplíen la cantidad de docentes en el establecimiento y se descarten las clases virtuales motivó que la ministra Isolda Calsina amenace con penalizarlos.

La lista de casos persecución es extensa y aquí también pueden incluirse otros ataques claros a la libertad de expresión:

La persecución al médico Gaspar

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Una de las últimas adhesiones a la lista de enemigos de Morales fue el médico Carlos Gaspar. En reiteradas oportunidades, el galeno criticó la forma que se procedió en la pandemia y eso le valió una fuerte maniobra persecutoria por parte de quienes ostentan el poder en Jujuy.

En solo cuestión de semanas, Gaspar terminó en el centro de la polémica por dos situaciones puntuales:

  • La Oficina Anticorrupción lo citó a declarar a él y otros que también fueron críticos con el gobierno pero la maniobra fue considerada como un mero intento de meter presión.
  • Posteriormente, fue suspendido por 15 días sin goce de haberes. Según la resolución emitida por la dirección del nosocomio fue debido a que el profesional se tomó licencia en el Estado pero durante ese periodo siguió trabajando en el ámbito privado.

Morales incluso utilizó el COE para desprestigiarlo.

Consultado al respecto, Gaspar afirmó: “Realmente ya nada me sorprende de este hombre. El último tiempo ha utilizado toda la estructura del estado para atacarme. Intenta acallarme usando las instituciones”.

El vecino que opacó un acto de Morales

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A fines de octubre, el gobernador Morales, junto con el presidente de Agua Potable de Jujuy Víctor Galarza y el Intendente del Municipio Ecoturístico de Yala, Santiago Tizón realizaron la inauguración de un sistema de red cloacal en la localidad de Lozano.

En medio de este acto, un vecino mostró un cartel que decía "CLOACAS, CORRUPCIÓN EN CADA RINCÓN". Unos empleados de Agua Potable S.A. tuvieron que pararse detrás de los funcionarios para El ciudadano fue denunciado por el Juzgado Contravencional por “obstrucción de ambulancias y bomberos y violación a la cuarentena”.

La multa fue de 300 mil pesos y tareas comunitarias.

En diálogo con Radio 2, Humberto Martiarena, explicó que lo incluyeron en dos figuras: la primera, por obstaculización de ambulancias y bomberos, algo que “es absurda porque no se dio esta circunstancia en el lugar”, dijo.

La segunda figura sobre violación del distanciamiento físico.

Yo estaba a distancia y detrás del alambrado. Lo contrario a los funcionarios que se juntan entre ellos y hablan y yo tengo demasiadas fotografías que los muestran violando el distanciamiento en ese momento Yo estaba a distancia y detrás del alambrado. Lo contrario a los funcionarios que se juntan entre ellos y hablan y yo tengo demasiadas fotografías que los muestran violando el distanciamiento en ese momento

Martiarena calificó la medida como “improcedente” y afirmó que “la intención del gobierno es castigar”. Tapar el reclamo que fue captado por quienes estaban presente.

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