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El oscuro sistema de compras del Estado en Jujuy

La falta de mecanismos de transparencia dificulta el control de las operaciones que hace un Estado con un presupuesto de 80.000 millones de pesos al año; los ministerios gastan pero es difícil saber cómo lo hacen y a quien benefician.

  • Jujuy cuenta desde hace décadas con un sistema de compras difícil de controlar.
  • El gobierno de Gerardo Morales impulsó leyes para obviar licitaciones y facilitar contrataciones directas.
  • Cuando se hacen, las rendiciones de cuentas aparecen en forma desordenada y a destiempo.

El escándalo que involucra al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación por la compra de alimentos con sobreprecios superiores a los 200 millones de pesos instaló en la agenda de temas públicos un mal crónico que aqueja al estado en todos sus niveles: el oscuro sistema con el que los funcionarios usan el dinero público para hacer compras o contratar servicios.

Está naturalizado en la mente de quienes realizan una actividad comercial que una operación con el Estado estará rodeada de ineficiencia. Una maraña de burocracia hace que el pago de una compra o servicio se realice con meses de demora.

Sólo eso, en un contexto de alta inflación, provoca que los precios se eleven casi sin criterio alguno.

En el ámbito nacional, dos mecanismos elementales de transparencia hicieron que la maniobra que obligó al ministro Daniel Arroyo a echar a 15 funcionarios de su área, sea advertida. En Jujuy, esos mecanismos fallan o no existen.

El primero de ellos es el boletín oficial. Su objetivo es informar a la ciudadanía los actos administrativos de un gobierno y posibilitar el seguimiento y control de los mismos.

Diariamente se publican decretos y resoluciones en un sitio oficial del Poder Ejecutivo Nacional, que, entre otras cosas, informan sobre las operaciones comerciales que realiza cada área.

Así pudo saberse que el ministerio que conduce Arroyo había comprado alimentos pagando precios más altos que los que el propio gobierno había fijado como tope.

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En Jujuy ese seguimiento es una tarea extremadamente compleja por una razón: el boletín oficial de Jujuy se publica los lunes, miércoles y viernes con un retraso de semanas o meses.

De esta manera, las compras de los ministerios son informadas mucho tiempo después de su realización.

La explicación que brindan desde el organismo es que son las áreas del Poder Ejecutivo las que tardan en remitir la información. Como fuere, el espíritu de transparencia de la herramienta se diluye.

Existe otro mecanismo que en el ámbito del gobierno nacional permitió obtener información de las empresas que participaron de la operación irregular. Se trata de la plataforma www.comprar.gob.ar.

Como señala el periodista Diego Cabot en el diario La Nación, en ella se volcaron 17 millones de documentos de licitaciones y contrataciones directas del estado nacional. Cuando una operación es advertida o llama la atención, allí pueden encontrarse el nombre de las empresas, su domicilio, sus dueños, lo que vendieron y cuánto cobraron por ello, entre otros datos.

El eje de controversia por estas horas se corre a una decisión del gobierno que encabeza Alberto Fernández, que a través de un decreto suspendió la obligación de cargar información en esa plataforma y abrió la posibilidad avanzar en compras y contrataciones obviándola. La excusa es la emergencia.

En cualquier caso, lo que es notorio en Jujuy es que el estado provincial no cuenta con una herramienta que ofrezca ese nivel de control.

No obstante, puede señalarse que en el sitio datos.gajujuy.gob.ar hay una aproximación a este objetivo. Aunque de forma desordenada y engorrosa, pueden encontrarse allí planillas de Excel con información parcial sobre compras realizadas por cuatro de los diez ministerios (Desarrollo Humano, Turismo, Educación y Gobierno) y dos organismos (IVUJ y SUSEPU).

La información más reciente que se encuentra allí corresponde a junio de 2019.

Aunque se trata de un avance, luce poco serio para una gestión que se autodefine como “gobierno abierto y transparente”, y que designó hace ya cuatro años una secretaría con presupuesto y personal a tal fin.

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Lo que sí hace el gobierno local es brindar datos aislados y en forma ocasional a través de declaraciones de sus funcionarios.

El propio gobernador Gerardo Morales es ejemplo de ello. El 29 de septiembre de 2019, en la sede del Obispado de Jujuy, molesto por una audiencia que el obispo había concedido a dirigentes barriales en pugna por la declaración de emergencia alimentaria, informó su gobierno llevaba gastados más de 2.700 millones de pesos en la ejecución del multifacético plan “Jujuy asiste y reactiva”, que reparte desde alimentos y muebles hasta créditos para Pymes.

En esa oportunidad Morales se presentó con un juego de fotocopias que describió como “la rendición de cuentas” de dicho programa. Sin embargo, se trataba de un resumen en el que no se incorporaba ninguna documentación oficial que respalde la información. Las cifras totales no contenían referencia alguna del detalle de los productos adquiridos, el costo de los mismos, las empresas contratadas ni el criterio de distribución.

Además, amparado en la urgencia, el gobierno impulsó en 2018 un proyecto de ley que los diputados de Juntos por el Cambio aprobaron en soledad, eliminando mecanismos de control. A partir de esa medida, el gobierno dejó de tener la obligación de realizar licitaciones públicas y se arrogó la facultad de contratar en forma directa.

Ese criterio aún impera.

Finalmente, cabe señalar que el Tribunal de Cuentas es, por ley, el receptor obligado de toda la información que deberían dejar las operaciones del estado.

Tras la zozobra que sus autoridades pasaron cuando el gobernador Gerardo Morales impulsó un juicio político para destituirlos, volvieron a adoptar el criterio que los rigió durante décadas: la reticencia para informar que los convierte en una oficina cerrada, que no brinda conferencias de prensa ni responde las inquietudes del periodismo.

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