Gobernar no es perseguir gobernar es escuchar para tomar las mejores decisiones

Hay que desmenuzar una realidad que golpea con fuerza en nuestra provincia y que nos obliga a preguntarnos qué entendemos realmente por democracia porque cuando el ejercicio del poder se desvía hacia la persecución de la disidencia en lugar de nutrirse del intercambio de ideas estamos frente a una patología institucional donde gobernar deja de ser un acto de servicio para convertirse en un mecanismo de control.

Esta noción de que gobernar es escuchar no es un romanticismo ingenuo sino la base técnica de la eficiencia pública ya que solo a través del termómetro social se pueden tomar decisiones que trasciendan el escritorio y resuelvan problemas reales pero lo que observamos es la consolidación de una democracia patrimonialista donde la dirigencia confunde el mandato temporal con la propiedad privada de los recursos del estado y aquí es donde el análisis se vuelve amargo al mirar hacia la sociedad.

¿Por qué una ciudadanía castigada por este modelo parece revalidarlo en las urnas? quizás porque el patrimonialismo no solo se apropia del presupuesto sino también del sentido común y de las estructuras de supervivencia de la gente generando una dependencia que nubla la capacidad de castigo electoral o tal vez porque la falta de alternativas reales hace que el voto se convierta en un acto de resignación más que de elección.

Esta dinámica crea un círculo vicioso donde el gobernante se siente dueño y el gobernado se siente cliente y en ese intercambio se pierde la noción de derecho ciudadano para ser reemplazada por el favor político mientras el patrimonio público que debería ser el motor del desarrollo colectivo se diluye en una gestión opaca que prioriza la permanencia en el poder sobre el bienestar general. Es urgente entonces repensar nuestro rol como sociedad civil para romper este contrato de sumisión y exigir que el poder vuelva a ser un oído atento y no un dedo acusador porque una democracia que no escucha es simplemente una autocracia con barniz electoral y el patrimonio de Jujuy debe volver a manos de su único dueño legítimo que es el pueblo y no el despacho de turno.

El patrimonialismo no es un concepto abstracto sino una realidad que se siente en el bolsillo y en la dignidad de cada familia jujeña. El costo humano de confundir el estado con una estancia privada porque las consecuencias de este patrimonialismo malentendido en Jujuy se traducen primero, en una asfixiante falta de oportunidades genuinas, fuera de la órbita oficial donde el empleo deja de ser un derecho basado en la capacidad para convertirse en una moneda de cambio o un premio por lealtad política.

Esta forma de gestionar lo público aniquila la meritocracia y empuja a nuestros jóvenes más brillantes a buscar futuro en otras provincias porque sienten que en su propia tierra las puertas solo se abren con una recomendación o un carnet partidario y eso genera un vaciamiento intelectual y emocional que es difícil de reparar.

Otra consecuencia directa es el deterioro de los servicios esenciales como la salud y la educación ya que cuando el presupuesto se maneja con criterios de propiedad personal la inversión no va a donde más se necesita sino adonde genera mayor rédito político o mayor control territorial dejando a los sectores más vulnerables en una situación de desamparo frente a la infraestructura que se cae a pedazos mientras los recursos se desvían a gastos superfluos o propaganda institucional.

Pero quizás lo más doloroso sea la fractura del tejido social y el miedo latente que se instala en la comunidad porque en un sistema donde el que gobierna se siente dueño de todo el que piensa distinto es visto como un enemigo del patrimonio y no como un ciudadano con ideas diferentes lo que termina silenciando las críticas y naturalizando una obediencia que es hija de la necesidad económica.

El jujeño de a pie termina sintiendo que el estado es un gigante que lo vigila y le otorga favores en lugar de ser una estructura que lo respalda y lo protege y esa sensación de orfandad ciudadana es la consecuencia última de un modelo que ha olvidado que el poder es una carga de responsabilidad y no un botín de guerra para repartir entre unos pocos elegidos mientras la mayoría mira desde afuera cómo se dispone de lo que por derecho les pertenece.

El destino de Jujuy no puede seguir atado a una visión arcaica donde el poder se hereda o se posee como un bien ganancial porque la verdadera tragedia de este modelo no es solo el dinero que falta en las escuelas o en los hospitales sino la erosión de la esperanza de un pueblo que empieza a creer que la política es siempre sinónimo de privilegio.

La única salida posible para romper estas cadenas de patrimonialismo y persecución radica en una ciudadanía que despierte de la resignación y comprenda que cada peso del tesoro público y cada decisión de gobierno son de su absoluta propiedad y responsabilidad por lo cual no debemos pedir permiso para exigir transparencia ni agradecer como un favor lo que es nuestra propia esencia democrática. Es imperativo que las nuevas generaciones de jujeños se involucren para oxigenar las instituciones y transformar ese silencio impuesto por el miedo en un grito de exigencia ética que obligue a los gobernantes a bajarse del pedestal de dueños para ocupar el lugar de servidores públicos que el cargo les demanda.

Solo cuando la política jujeña deje de ser un negocio de familias o de facciones para volver a ser la herramienta de escucha y transformación que soñaron nuestros antepasados podremos decir que la democracia ha dejado de ser una cáscara vacía para convertirse en una realidad que dignifica y protege a cada habitante de nuestra provincia sin distinción de colores ni de banderas.

En definitiva gobernar es y será siempre un acto de humildad frente a la voluntad popular y recuperar ese concepto es la tarea más urgente que tenemos por delante si queremos que Jujuy sea finalmente el hogar justo y próspero que todos nos merecemos.