El abogado ambientalista local, Kevin Ballesty, criticó duramente a la empresa estatal, asegurando que “fue creada a los fines puros y exclusivos de estar habilitados para tomar deudas en dólares y euros. La ley original, 5.954, fue modificada por la 6.048, que en el artículo 39 amplía la capacidad de endeudamiento en US$ 50.000.0002.
Asimismo, dijo que el endeudamiento de la empresa “ronda los 50.000.000 de euros: de un préstamo del Banco Europeo de Inversiones y de un subsidio de la Unión Europea. En el caso de préstamo, se tiene que pagar capital e intereses, y en el caso de subsidios, quizá eximan de pagos si se cumple con las metas presentadas en el proyecto por el cual se habilita el subsidio. Metas que nunca se supo si se cumplieron”.
Por otro lado, afirmó que el dinero para pagar estas obligaciones “saldrá de la tasa GIRSU porque, en teoría, la ley 5.954, en el apartado donde se crea la empresa, habilita a la empresa a financiarse con partidas presupuestarias que el Ejecutivo asigna a la empresa, donaciones, generando recursos propios con la venta de reciclados o material recuperado, y con la toma de deuda”.