Sin embargo, con la polémica instalada, una vieja denuncia periodística, nunca aclarada, cobró actualidad dado que mezcla el manejo de lotes en la provincia, el histórico déficit habitacional, la injerencia de dirigentes políticos y los negocios con el Estado, que una vez más aparece perjudicado.
La investigación fue realizada en distintos momentos, en 2013 y 2017, por los periodistas Franco Mizrahí, Mariana Escalada, Agustín Ronconi y Horacio Verbitsky. Los apuntados son un grupo de dirigentes locales, entre los que emerge, por su actual peso político, la figura del secretario general de la gobernación Freddy Morales, hermano del gobernador Gerardo Morales.
Con respaldo de documentación que reflejaron en diferentes oportunidades el diario Página 12, los portales El Disenso y Nuestras Voces y hasta un libro publicado en 2017 por la editorial Planeta, los periodistas arribaron a la conclusión de que los involucrados se quedaron con un terreno valuado inicialmente en 727.540 pesos que luego vendieron en 30.000.000 de pesos al Estado, durante la emergencia habitacional que tuvo lugar en 2011.
Los hechos
En el año 1997 una empresa familiar que había obtenido un crédito en el Banco Provincia (hoy Macro) se funde y no logra devolverlo. Para saldar su deuda ofrece el terreno en cuestión, 350 hectáreas en la localidad de Los Alisos.
Interviene un “comisionista”: el contador Luis Miguel Jiménez quien compra el terreno en nombre de otras personas. La operación queda registrada en un boleto de compra venta del 2 de julio de ese año.
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Compraventa. Negocios con el Estado. Fuente: Página 12
El nombre de esas personas queda expuesto 14 años después, a partir de la inscripción de un condominio en el Registro Inmobiliario realizada el 15 y 16 de febrero de 2011: los titulares son René Jesús El Jadue, Martín Durbal Jorge, Freddy Morales, Miguel Ángel Giubergia, Facundo René Giubergia, (a través de su esposa Teresa Sadir), Carlos Alberto Toconás, Hugo Daniel Zamar, Raúl Alberto García Goyena, Mario Ramón Puig, Pedro Teófilo Lozano, Luis de la Zerda y Daniel Almirón. Tal documento deja constancia de que las tierras fueron adquiridas por la suma de $727.540.
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Inscripción del condominio en el registro inmobiliario.
El 7 de agosto, el entonces gobernador Walter Barrionuevo lanza el programa “Un Lote Para Cada Familia Jujeña que lo Necesite”, en medio de una toma masiva de tierras que incluía espacios públicos. La crisis se había desatado a partir de un desalojo en terrenos del ingenio Ledesma que terminó con 4 muertos.
El 22 de noviembre de 2011, Barrionuevo firma el decreto 9.816 con el que se formaliza la compra de 150 hectáreas del condominio perteneciente a la nómina de dirigentes, por un valor de $200.000 por hectárea, cerrando una operación total que asciende a los $30.000.000.
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En 2012, según publica Verbitsky en Página 12, Fiscalía de Estado y el vocal René Barrionuevo del Tribunal de Cuentas impugnan la operación por violación al artículo 64 de la Constitución de Jujuy, que impide a los funcionarios públicos realizar negocios con el Estado. 9 de los 12 dirigentes involucrados eran en ese momento diputados provinciales.
Finalmente el Tribunal de Cuentas, por decisión de la vocal Mariana Bernal y la presidenta Nora Millone, convalida la operación, agrega el matutino porteño.
Actualmente, además de Freddy Morales, Carlos Toconás forma parte del gobierno, como Secretario de Estado en el Ministerio de Desarrollo Humano.
A pesar de que el caso tomó estado público en distintos momentos, nunca fue investigado por la justicia. Ningún fiscal tomó la iniciativa de intervenir de oficio. Tampoco lo hizo la Oficina Anticorrupción.
