En una primera instancia Irma Ramírez no se presentó al recinto y ante el pedido de prórroga del municipio, el cuerpo legislativo envió a comisión un proyecto para crear una Comisión Investigadora y anticipó una denuncia penal contra la funcionaria. Posteriormente, sí acudió al Concejo pero no brindó pruebas y datos certeros.
Tras ello, se aprobó por dictamen la creación de una Comisión Investigadora para evaluar a la directora de CANACADI.
¿Qué resolvió la Comisión Investigadora?
En una sesión especial celebrada este viernes, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría el dictamen final de la Comisión Investigadora sobre las irregularidades en el CANACADI. El expediente, que consta de 103 fojas de pruebas y testimoniales, apunta a un presunto delito de enriquecimiento ilícito encabezado por la encargada de la institución, Irma Ramírez.
La concejal justicialista e integrante de dicha comisión, Mónica Gualpa, brindó detalles del dictamen aprobado tras 30 días de investigaciones y denunció el constante ocultamiento de pruebas por parte de las autoridades investigadas: "Nos negaron información de personal, ocultaron pruebas y la señora Ramírez maltrató y expulsó del centro a la concejal y al secretario que fueron a notificarla. Pero las pruebas son contundentes y el expediente pasará a la Oficina Anticorrupción y a la Justicia ordinaria", disparó.
El dictamen resolvió las siguientes medidas urgentes:
- Reincorporación inmediata: Ordenar que el menor de edad que fue discriminado y expulsado del Canacadi por registrar deudas de "cuotas" sea reincorporado de forma inmediata, recordando que se trata de un centro de contención público y gratuito.
- Apartamiento del cargo: Intimar al Intendente de Monterrico a aplicar las sanciones disciplinarias de la Ley 3.161 y despedir inmediatamente a Irma Ramírez de sus funciones.
- Giro a la Oficina Anticorrupción: Remitir las 103 fojas de actuaciones a la Oficina Anticorrupción de la provincia para iniciar la investigación penal bajo el artículo 13 de la Ley 6.452.
- Prohibición de cobros: Exigir al Departamento Ejecutivo Municipal que el Canacadi se abstenga de manera absoluta de cobrar inscripciones, tasas o tributos por carecer de sustento legal.
- Devolución del dinero con intereses: Obligar al municipio y a Ramírez a devolver la totalidad del dinero cobrado ilegalmente a los padres damnificados, aplicando la tasa activa del Banco Nación.
Por su parte, la concejal libertaria Jesica Casasola manifestó que las medidas recomendadas por el PJ se quedan a mitad de camino y representan "más de lo mismo", por lo que exigió "mano dura" y que el cuerpo legislativo se constituya de inmediato como querellante penal ante la justicia ordinaria.
Fundamentó su postura frente a las irregularidades detectadas en el centro asistencial de niños con discapacidad: "Coincidimos en toda la investigación, porque se trabajó mañana y tarde y los testimonios de las madres son desgarradores. Pero diferimos en el resuelve. Una comisión investigadora no puede 'intimar' al Ejecutivo, eso es una debilidad. Acá hay pruebas contundentes de un delito y tenemos que presentarnos directamente en la Justicia. Los jujeños estamos hartos de los pedidos de informe que nadie responde".
