A través de un juicio abreviado impulsado por el fiscal Diego Funes, del Ministerio Público de la Acusación, se reconstruyó la metódica maniobra efectuada a principios de 2018. El patrón delictivo principal consistió en la emisión en cadena de 43 cheques sin fondos librados sobre cuentas oficiales de la comuna tilcareña a favor del productor Adolfo Enrique Pedroza, utilizando convenios ficticios de "garantía" para intentar camuflar de legalidad las entregas de dinero.
La privatización del "Enero Tilcareño"
A los cuatro hechos de defraudación económica se sumó la grave acusación por abuso de autoridad contra el ex jefe comunal. Romero entregó a dedo la concesión, organización y uso de marca de las ediciones 2018 y 2019 de los festivales del Enero y Febrero Tilcareño al mismo productor. La maniobra se realizó sin licitación previa y sin la autorización del Concejo Deliberante, cediéndole al privado el 100% de los ingresos generados por los eventos a cambio de apenas un 10% de la venta de entradas.
Asimismo, la investigación probó el delito de exacciones ilegales agravadas, al confirmarse que Romero exigió un pago ilícito a un proveedor del municipio para agilizar el cobro de facturas adeudadas. Para concretar el cobro de la dádiva, el ex intendente facilitó los datos de su caja de ahorro personal.
Condenas e inhabilitación perpetua
Ante las contundentes pruebas presentadas por la fiscalía y los querellantes, los ex funcionarios reconocieron la existencia de los hechos. Romero fue condenado a tres años de prisión en ejecución condicional, mientras que Ortega recibió una pena de dos años de prisión en suspenso.
Como sanción accesoria clave para la administración pública, el tribunal dispuso para ambos la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, impidiéndoles de manera definitiva volver a desempeñarse en la función pública. Además, deberán someterse al control del Patronato de Liberados y cumplir estrictas reglas de conducta por el término de dos años.
