La drástica medida del órgano electoral devino en la presentación de una medida cautelar solicitada por el sector postergado, lo que provocó la parálisis momentánea del cronograma de comicios.
De esta manera, el desenlace de la contienda quedó supeditado a la resolución del juez federal Esteban Hansen, titular del juzgado con competencia electoral en la provincia.
En declaraciones a Radio 2, el apoderado de Generación Valiente, Francisco Rodríguez, respaldó firmemente la labor del órgano partidario y denunció severas irregularidades en la presentación de la nómina rival. "Si te ponés a ver la resolución de la junta, hay más de 300 documentaciones distintas presentadas fuera de término o de manera totalmente irregular. Es una barbaridad. Desde el 2017 no había una participación transparente porque estaban acostumbrados a un 'siga siga' donde acá todo vale. Por primera vez vino una junta que le puso un límite", afirmó.
Respecto del escenario en los tribunales federales, Rodríguez transmitió tranquilidad sobre el criterio que adoptará la magistratura y apuntó contra la estrategia judicial planteada por el sector de Rivarola, a quienes acusó de recurrir a amenazas y denuncias —como los señalamientos vertidos hacia la dirigente Amelia de Dios— ante la imposibilidad de cumplir con los requisitos formales. "Creemos que el juez está trabajando minuciosamente. Si decide dar algún tipo de lugar al planteo, se readecuará el cronograma electoral, pero entendemos que la resolución de la junta es contundente. Lo que buscan es debilitar al partido para no competir el año que viene", argumentó.
Por último, el apoderado contrapuso los modelos de construcción política que se disputan en el peronismo jujeño, criticando el rol parlamentario que viene desempeñando el bloque conducido por el rivarolismo tras votar junto al oficialismo provincial la aprobación de endeudamientos por 85 millones de dólares.
En ese sentido, enfatizó que el objetivo de Generación Valiente es reconstruir la vida interna del espacio para constituirse en una oposición real y fiscalizadora frente al gobierno provincial.
