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Los gastos de la campaña: cuando la clase política teme abrir los libros

Los gastos en publicidad, reparto de pauta oficial, fondos privados y aportantes electorales son temas de pleno interés ciudadano que resurgen cada dos años pero desafortunadamente desagradan a una clase política acostumbrada a la opacidad. La democracia no tiene precio, los padrinos financieros deberían tener nombre y rostro a la vista de todo el electorado.

  • Acceder a información teóricamente pública es un problema extendido a nivel país.
  • La información de gastos de campaña es particularmente más difícil de obtener, los aportantes privados están envueltos en misterio.

Transparencia, aquel pilar fundamental aunque deslucido de la democracia continuamente esquivado por los actores políticos, dinamitando cualquier relación sana que pueda llegar a existir entre el pueblo y sus gobernantes. “Cuanto más opacos son los gobiernos hay mas desconfianza en la sociedad civil, quienes merecen saber como se gestione la cosa pública. Aunque avanzamos en legislación, cada vez es más difícil acceder a información”, describe Gonzalo Guzmán Coraita director de Salta Transparente.

No hay nada nuevo por inventar, tanto en el ámbito provincial con la Ley Nº 3919 como nacional Ley Nº 26.215 las reglas llevan varias décadas establecidas, no obstante los candidatos se vuelven intransigentes ante el más mínimo pedido de informe. Incluso fuera de períodos electorales ocurre en todos los ámbitos; por años los diputados jujeños que representan la oposición han visto rebotar decenas de veces sus intenciones de acceder a información teóricamente pública, ya sea para consultar trivialidades de gestión o justificaciones sobre endeudamiento y productividad de los proyectos favoritos del gobernador de turno.

Transparencia en los procesos electorales

Al político jujeño evidentemente le incomoda rendir cuentas, no es de extrañar que incluso ministros, secretarios y directores provinciales hayan omitido la última presentación de Declaraciones Juradas, comprendida en la Ley Nº 5.153 de Ética Pública. Pero esto también ocurre al otro lado del límite con Salta, a modo de ejemplo el abogado Gonzalo Guzmán narra en Radio 2 la cruzada de su ONG para obtener información sobre los gastos en publicidad del gobierno encabezado por Gustavo Sáenz, caso que llegó a la justicia hasta multar al gobierno.

La medida se estableció en el marco de un proceso de amparo promovido por Salta Transparente e iniciado el 30 de mayo de 2021, en el cual se solicitó a la Secretaría de Prensa de Gobierno información pública sobre gastos en publicidad oficial correspondientes al segundo semestre de 2020, a 2021 y al primer semestre de 2022. Conforme pasan los días la entrega de información es retaceada y la multa asciende a $200.000 monto que de abonarse algún día probablemente venga del erario público.

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Guzmán recuerda durante la entrevista, interesante jurisprudencia que ha sentado Jujuy en cuanto al acceso a la información “un diputado no tenía acceso a los gastos en publicidad de actos de gobierno y como vía el gobierno le exigía que en su carácter de legislador haga un pedido de informe, finalmente la Corte Suprema de Justicia reconoció que primaba su carácter de ciudadano para el acceso a la libre información”.

La anécdota sobre como el ex presidente de la Comisión de Cultura y Turismo Carlos Oehler pujó contra el gobierno fellnerista en 2014 para llegar hasta los datos es bien recordada por sus múltiples giros. Lamentablemente el antecedente ha sido muy poco tenido en cuenta, es por caso que el mismo favorecido, actualmente presidiendo SUSEPU no fue capaz de dar respuestas concretas y coherentes ante los tarifazos en la electricidad rubricados por su propio puño y letra. Esta situación terminó por desencadenar una auditoría sobre la empresa prestadora del servicio de la cual no hay novedades desde hace 6 meses.

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Focalizado únicamente en temas electorales y el origen de los fondos partidarios de campaña, para los integrantes de Salta Transparente a pesar del esfuerzo los resultados son escasos: "A nivel nacional tenemos un sistema bancarizado, es fácil hacer el seguimiento, pero cuando el aportante es privado no podemos saber quienes son ni cuanto dinero transfirieron... Tras elecciones aparecen datos curiosos como gastos en cartelería por montos mínimos cuando vemos la provincia completamente empapelada o $0 en el rubro consultores como si trabajaran Ad Honorem", sintetiza su director.

La democracia no tiene precio, hay que establecer un sistema que establezca claridad y límites. En cada una de las provincias las campañas están basadas en imágenes y slogans, pero los candidatos no publican sus plataformas... Las directivas no escritas también son un hecho de corrupción, afectar los recursos humanos para trabajar en campañas o fiscalizar a costa de perder su puesto, esa presión debe ser denunciada La democracia no tiene precio, hay que establecer un sistema que establezca claridad y límites. En cada una de las provincias las campañas están basadas en imágenes y slogans, pero los candidatos no publican sus plataformas... Las directivas no escritas también son un hecho de corrupción, afectar los recursos humanos para trabajar en campañas o fiscalizar a costa de perder su puesto, esa presión debe ser denunciada

A través del sitio web oficial de la Cámara Nacional Electoral puede chequearse el listado de aportantes, incluye elecciones primarias y generales tanto de instancias legislativas como presidenciales, también otros gastos institucionales, con información sensible como nombre, monto, modo de pago entre otros. Para Jujuy parece que solo los afiliados al partido del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, mínimas excepciones del Partido Blanco y Gana Jujuy financian con su propio dinero el "desenvolvimiento institucional", sobre el resto de las fuerzas se desconoce todo dato sobre sus operaciones. En el listado pueden encontrarse nombres de políticos relevantes como Alejandro Vilca, Natalia Morales, Gastón Remy, Keila Sequeiros, Alejandro Snopek, entre otros.

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