Hasta 2015 los jueces se encontraban exceptuados, pero la modificación incluida en la Ley Nº 5887 incorporó "miembros del Superior Tribunal de Justicia, Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia y los que tengan cargos de jerarquía equivalente", al tiempo que estableció los deberes y competencias de la Oficina Anticorrupción, creada casi en simultáneo.
El Capítulo III tan sucinto como coherente habla de “sanciones graves”, en caso de incumplir con los plazos establecidos para presentar el documento, incluso prohibiciones para el ejercicio futuro de cargos públicos. No es un detalle menor, la información contenida en la DD.JJ. puede ser una herramienta de utilidad probatoria en caso de llegar a un proceso "seguido por delito contra la administración pública".
ARTICULO 10.- Las personas que no presentes sus declaraciones juradas en los plazos correspondientes serán intimadas en forma fehaciente por la autoridad responsable de la recepción, para que lo hagan en el plazo de quince (15) días. El incumplimiento de dicha intimación será considerado falta grave y dará lugar a la sanción disciplinaria respectiva, sin perjuicio de las otras sanciones que le pudieran corresponder.
A ocho meses de junio, los tiempos de entrega están absolutamente caducados, la declaración jurada de 2021 debería haber sido presentada y quizás la autoridad de aplicación repartir las sanciones pertinentes. De cumplirse al pie de la letra, no cabe duda que muchas de las listas a presentarse el próximo 07/05 tendrían otros nombres conformándolas.
Según la información de libre acceso que ofrece la Oficina Anticorrupción, el gabinete de Gerardo Morales ha sido bastante más cumplidor que otros sectores de la administración pública. Siguiendo el organigrama 2023 exhibido en el sitio oficial del gobierno de Jujuy, de los 107 funcionarios 21 (19,63%) no regularizaron su situación documental a tiempo. Los integrantes de Gobernación, Cultura y Turismo, Seguridad, Educación, Fiscalía de Estado, Planificación Estratégica y Modernización hicieron los deberes; sorprende que los ministros de Trabajo, Hacienda, Salud y Desarrollo Humano estén en deuda, junto con algunos de sus secretarios y directores provinciales. En tanto el vicegobernador Carlos Haquim, aunque no forme parte directa de este plantel, vale destacar que también tiene su DD.JJ. 2021 al día.
De los 9 vocales integrantes del Superior Tribunal de Justicia solo Ekel Meyer está al día, aunque vale aclarar que Miranda, Nieva y Llamas quienes ingresaron a mediados de agosto del año pasado ya habían hecho lo propio pero en carácter fiscal de Estado, diputada y vocal de Susepu respectivamente. No obstante la Ley también pide renovar la hoja de vida ante altas/bajas sin perjuicio de cambios patrimoniales.
Entre los diputados provinciales con información desactualizada el porcentaje asciende a 11 (22,92%) repartido entre todos los bloques que conforman el parlamento local. El oficialismo con 5 legisladores predomina en la nómina, aunque solo Gustavo Arias ha omitido ambas declaraciones desde que ingresó a la Casa de Piedra, misma condición para los justicialistas Daniela Vélez y Cristian Rivarola, aunque el segundo recién ingresó a fines de 2021 en reemplazo de Leila Chaher. En tanto los papeles de Omar Toro (Primero Jujuy) no son aggiornados desde 2019 y Patricia Armella (PJ) no hace lo propio desde 2016, con la salvedad de haberse mantenido fuera de una banca por un mandato completo.
Para los jefes de gobierno municipal la excepción pasa a ser regla: 18/26 intendentes, casi el 70% omitieron actualizaciones o siquiera una presentación. En general desde la región Valles cumplieron con su obligación, exceptuando a Rivarola (Palpalá) quien debe una DD.JJ. y Álvaro De Bedia (San Antonio) con 5 años de rezago (aunque haya pasado de comisionado a intendente la Ley no hace distinciones).
Otras localidades con referentes municipales al día resultan: San Pedro, Fraile Pintado, La Quiaca, El Aguilar y Humahuaca. Del resto se conoce nula información patrimonial, algunos funcionarios incluso llevan más de un mandato consecutivo sin visitar la Oficina Anticorrupción provincial.
