Con honestidad y sin corrupción se acaba la dependencia enfermiza con Bs. As.

Este modelo está agotado. Una provincia que posee recursos naturales estratégicos, que exhibe al mundo sus exportaciones de litio y que cuenta además con enormes posibilidades productivas, turísticas, energéticas y culturales, no puede comportarse simultáneamente como una provincia rica en discursos y pobre en autonomía.

No se pueden celebrar récords en exportaciones y, al mismo tiempo, mantener a una dirigencia política instalada en la lógica de mendigar permanentemente recursos que deberían llegar por derecho y por ley. Jujuy necesita dejar de pensar en funcionarios convertidos en cadetes del poder central y comenzar a construir una administración integrada por personas idóneas, capaces de diseñar políticas públicas que refuercen la autonomía de la provincia, administrar eficientemente los recursos públicos locales y nacionales para evitar que desaparezcan escuelas financiadas por Nación. Esto es lo mismo que decir: ser serios y encontrar soluciones desde la realidad jujeña.

Gobernar no es viajar a Buenos Aires a golpear puertas a cada rato ni a chuparles las medias a otros dirigentes con aspiraciones presidenciales "por las dudas gane", perpetuando así la cultura del mendigo hacia el futuro.

Gobernar es tener un proyecto, establecer prioridades, administrar con transparencia y rendir cuentas sobre los resultados. Tampoco puede utilizarse eternamente al presidente de turno como explicación universal de todas las deficiencias provinciales.

Cuando falta trabajo, cuando se deterioran los servicios públicos, cuando existen problemas de infraestructura, cuando la pobreza persiste o cuando las instituciones no funcionan como deberían, la responsabilidad también debe buscarse dentro de Jujuy. Allí aparece la cuestión más grave: la corrupción. Porque una provincia puede recibir recursos nacionales, generar ingresos propios y multiplicar sus exportaciones, pero si parte de esa riqueza se pierde en mecanismos de corrupción, privilegios, negocios opacos y falta de controles, el Estado termina convirtiéndose en un barril sin fondo al que ingresan recursos sin que estos se transformen proporcionalmente en bienestar para la población.

La corrupción no es solamente un delito económico: es una tragedia social. Cada peso que desaparece de manera irregular es una obra que no se realiza, un hospital que no mejora, una escuela que no recibe inversión, un camino que no se construye y una necesidad social que queda sin respuesta. Por eso la población termina atrapada en una especie de arenas movedizas: cuantos más recursos existen, más inexplicable resulta la persistencia de determinados padecimientos.

El problema, entonces, no puede reducirse a quién ocupa circunstancialmente la Presidencia de la Nación. Si existe una estructura de poder local capaz de concentrar decisiones, debilitar controles, condicionar instituciones y reducir la independencia de los organismos democráticos, el problema es mucho más profundo.

La verdadera autonomía de Jujuy no consiste solamente en reclamar federalismo frente a Buenos Aires; comienza por garantizar democracia, transparencia y división real de poderes dentro de la propia provincia. No hay federalismo auténtico cuando se reclama autonomía hacia afuera mientras se concentra el poder hacia adentro.

Jujuy necesita personalidad propia, pero también instituciones propias que funcionen: controles que investiguen, legisladores que controlen al Estado, jueces independientes y funcionarios que respondan ante la sociedad.

El desafío ya no es la bolsa salvadora de Buenos Aires: es terminar con la dependencia política, la improvisación administrativa y cualquier mecanismo de impunidad que permita que los recursos de todos se conviertan en patrimonio de unos pocos.

Este es el debate verdadero sobre el futuro de Jujuy.