Los funcionarios provinciales continúan apostando a esta rama de la industria minera a pesar del rezago en la evolución del modelo público-privado, las condiciones legales desfavorables que ofrece la Ley de explotación minera y la caída del 80% en el valor de la tonelada. Hasta el momento, a pesar de la firma de numerosos memorándums no han llegado las inversiones esperadas y las fábricas de baterías de litio prometidas siguen sin instalarse en el territorio.