Mercedes Maidana, referente de estos educadores, subrayó que la postura de estos sectores hoy es la misma que en 2023: exigir mejoras salariales y que se derogue la Constitución de nuestra provincia.
Embed - Criminalización de la protesta: docente dice que el gobierno los quiere "dejar callados"
“Continuamos sosteniendo la consigna que nos llevó a la calle y rutas: mejora salarial docente y la caída de la Constitución. Hay varios criminalizados y con causas contravencionales y penales por la reforma, dos docentes con causas penales por el 9 de julio. En el caso de la causa por el 9 de julio fijada para el 15 de marzo, esta audiencia de control de acusación se suspende porque el fiscal Rondón fue denunciado por las abogadas defensoras por incumplimiento de deberes de funcionario público y las causas que se arman”.
Las causas, de acuerdo a Maidana, están suspendidas por la condición de Rondón, y desconoce “por qué no determinaron que otro fiscal lleve adelante estos procesos. No hay resolución para ninguna causa. Los abogados esperan que se proponga o la justicia determine otro fiscal para avanzar con la situación”.
La docente también opinó “que no tienen elementos para continuar con la acusación. La acusación no tiene los elementos necesarios para avanzar. La provincia fue puesta en tela de juicio a nivel nacional por los tuiteros. Ninguna de las causas tiene sentido porque, prácticamente, todas son causas armadas. Lo llamativo es que no haya celeridad para resolver la situación. La intención del gobierno puede ser que, de esa manera, muchos podemos quedarnos callados, dejar de salir a reclamar y evidenciar violaciones de derechos”.
Asimismo, denunció: “vimos muy poca acción del gremio en defensa de ningún docente, marca distancia cuando hay reclamos contra la justicia”.
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