Tras haber asumido sus bancas después de meses, ediles de la oposición sostienen que el oficialismo comunal les impide integrar las comisiones de trabajo y además, cajonea sus pedidos de informe. También advirtieron sobre la proliferación de basurales a cielo abierto y anunciaron recurrir a la Justicia.
La ciudad de La Quiaca atraviesa una seria crisis institucional. Tanto la Municipalidad como el Concejo Deliberante fueron tildados de “mamarracho”.
Así lo expuso la concejal Marcela López, quien luego de seis meses pudo asumir su banca y arremetió duramente contra el oficialismo en la localidad fronteriza. Dijo que no le permiten integrar comisiones, que buscan cualquier excusa para sancionarla y que incluso inventaron fake news.
En diálogo con Radio 2, Marcela López denunció que el bloque oficialista, alineado con el intendente Dante Velázquez, mantiene una estrategia sistemática para obstaculizar el trabajo legislativo opositor y acallar los reclamos vecinales.
A pesar de haber logrado la jura y toma de posesión de sus bancas, explicó que el presidente del cuerpo, Hugo Barro, violó el reglamento interno al conformar solo siete de las nueve comisiones permanentes y concentrar las presidencias de las mismas entre el hermano del jefe comunal y ediles afines.
"Hoy no integramos ninguna comisión. Para evaluar nuestros proyectos nos exigen pedirle permiso a los presidentes del oficialismo. La oposición no tiene representación en el trabajo interno, no nos aprueban ningún pedido de informe en la labor parlamentaria y hasta nos han presentado denuncias infundadas para frenar nuestra tarea fiscalizadora", afirmó la legisladora fronteriza.
Ante la imposibilidad de tramitar iniciativas legislativas —entre las que figuraban convenios educativos para estudiantes puneños, programas de control poblacional de animales y planes de recolección de residuos—, la concejal confirmó que iniciaron las presentaciones para acudir a las vías judiciales por incumplimiento de los deberes de funcionario público y del reglamento del cuerpo.
En el plano de los servicios públicos, López advirtió sobre el deterioro de la limpieza urbana y la falta de capacidad operativa en el sistema de recolección de residuos. Asimismo, denunció las condiciones de vulnerabilidad en las que viven unas diez familias asentadas en las inmediaciones del basural comunal.
Para finalizar, la edil anunció que formalizará un pedido de intervención ante el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy y la empresa estatal GIRSU: "Presenté un proyecto para declarar la emergencia de limpieza en La Quiaca por 90 días, pero ni siquiera lo tratan. Queremos que las autoridades provinciales y el gobernador Carlos Sadir vengan a la ciudad, no solo para actos en la plaza, sino para caminar los barrios y ver la realidad del basural a cielo abierto que pone en riesgo la salud de todos los quiaqueños".
