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Sesión en diputados: negocian un dictamen único para reformar la movilidad jubilatoria

La iniciativa incluye una suba del 8% que el Gobierno no reconoció por la inflación de enero pasado; se estima que, de aprobarse, tendría un impacto fiscal del 0,4% del PBI. Lo debaten la oposición dialoguista con el kirchnerismo, mientras lo rechazan los libertarios y de Pro.

Tras haber alcanzado quorum en el recinto de la Cámara de Diputados, los distintos bloques de la oposición intensifican por estas horas sus negociaciones para arribar a un dictamen común que instrumente una nueva fórmula de movilidad jubilatoria distinta a la que impuso el presidente Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024 que dictó en marzo pasado. La iniciativa también incluye una recomposición de ocho puntos de los haberes jubilatorios por el pico inflacionario que se registró en enero pasado, que trepó al 20,6%; el Gobierno solo reconoció el 12,5% en aquel DNU.

La ofensiva opositora en la Cámara baja es una reacción política a fuerte pérdida del poder adquisitivo que sufrieron las jubilaciones y pensiones (sobre todo las que superan la mínima) en lo que va de la gestión de Milei. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estos haberes tuvieron una caída del 28,5% interanual en términos reales al cierre del primer cuatrimestre 2024. Las jubilaciones que superan el haber mínimo tuvieron una caída del 37%.

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El principal punto en común entre los dictámenes de Unión por la Patria, la UCR, Innovación Federal y la izquierda es que se adicione un 8% de recomposición a los haberes jubilatorios por efecto de la inflación por enero pasado. Los bloques opositores dialoguistas y el kirchnerismo impulsan, además, una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que combina el índice de inflación con la variable salarial (RIPTE) En efecto, proponen que los ingresos se actualicen mensualmente por inflación (en sintonía con el DNU presidencial) e incluyen una cláusula para que se instrumente un aumento adicional en marzo de cada año de acuerdo al índice de salarios Ripte. Si este indicador es mayor al índice de inflación, se trasladaría a las prestaciones un alza equivalente al 50% de la diferencia. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado.

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Los opositores también coincidieron en que la ley debería garantizar un piso del haber mínimo jubilatorio, el cual no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor, que actualmente es de $250.286 mensuales. Unión por la Patria, sin embargo, advirtió que el valor de esa canasta está por debajo de la suma de una jubilación mínima más el bono ($260.141), por lo que propone que el jubilado y pensionado no debería cobrar menos que el valor de 1,2 canasta básica.

El mayor punto de conflicto, empero, es la insistencia de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal de incorporar una cláusula que contemple el pago de las deudas de la Nación con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional, como así también el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes a favor de los jubilados. En su dictamen proponían echar mano de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pero ante la resistencia del kirchnerismo, evalúan otros fondos de financiamiento. Las negociaciones en el recinto están al rojo vivo.

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Según la OPC, este dictamen, sin contabilizar el pago de las deudas a las cajas previsionales provinciales, tendría un impacto fiscal del 0,43%del PBI.

“Es el mismo porcentaje que el Gobierno pretende ahorrarse con el deterioro de la capacidad de compra de los haberes jubilatorios, que es de un 0,4 % -sostuvo la diputada radical Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión Social-. También podríamos decir que es el 10% de los gastos tributarios, es decir, lo que el Estado deja de recaudar por todas las exenciones impositivas que le otorga a empresas. Estamos hablando de una cuestión de prioridades.”

“Para lograr el déficit cero no se debe afectar la capacidad de los sectores más vulnerables. Hoy el 86 % de los jubilados y pensionados no logran cubrir la canasta básica. Por eso es imperativo que nos aboquemos a resolver este problema”, enfatizó.

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Desde Unión por la Patria, el diputado Itai Hagman advirtió que buena parte del ajuste del gasto público que ejecuta el Gobierno es a costa de la licuación de las jubilaciones por efecto de la inflación. “Más de un tercio de todo el ajuste del gasto primario que está haciendo el Poder Ejecutivo, recae sobre las espaldas de jubilados, jubiladas y adultos mayores que cobran pensiones”, alertó.

“Si, como dice el oficialismo el objetivo de este DNU fuera defender el poder adquisitivo de las jubilaciones, este decreto lo hubiera sacado en enero. No hicieron eso. Dejaron que corran las meses de inflación más altos, que se licúen las jubilaciones, y recién ahí, cuando la jubilación estaba en nivel más bajo en la historia argentina, deciden pagar”, asestó.

En la misma línea, desde Hacemos Coalición Federal, Alejandra Torres alertó que el deterioro de los haberes jubilatorios “representa el 40% del famoso superávit y reducción de gasto que alardea el oficialismo”, mientras que el mendocino Lisandro Nieri, de la UCR, enfatizó que, contrario a lo que denuncia el oficialismo, este proyecto es “factible, razonable y responsable”.

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Los libertarios, al igual que Pro, rechazarán este dictamen, lo que augura que estará a tiro de veto presidencial si el Senado lo convierte en ley.

Desde Pro, María Eugenia Vidal focalizó su embestida contra el kirchnerismo. “Estamos discutiendo jubilaciones de miseria porque durante los últimos años metieron 4 millones de personas en el sistema previsional sin aportes, porque usaron el FGS para colocar deuda pública, porque estas cámaras votaron más de 200 regímenes de excepción, las dos jubilaciones de privilegio que cobra la ex vicepresidenta”, disparó.

El dictamen de Pro ratifica el DNU presidencial y si bien reconoce el 8% de pérdida por la inflación de enero, le da la potestad al Gobierno para instrumentar la modalidad de pago para no alterar la meta de déficit cero, la obsesión del Gobierno. Pese a estas facilidades, los libertarios rechazan incluso la iniciativa de sus aliados. Su propuesta se limitó a que se ratifique el decreto presidencial.

El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, responsabilizó a quienes gestionaron durante los últimos 20 años por el colapso que atraviesa el sistema previsional. “En los últimos 20 años se ha hecho moratoria tras moratoria y se repitieron jubilaciones como si fueran planes sociales”, asestó.

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FUENTE: La Nación

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