Entre el 16 y el 26 de junio, los integrantes de organizaciones de derechos humanos, sociales, sindicales y dirigentes políticos recorrieron las ciudades de San Salvador, Tilcara, Purmamarca, Perico, Abra pampa y Purmamarca y se entrevistaron con 227 personas para conocer la situación que se vive en la provincia a partir del debate sobre la reforma constitucional como, también, en el marco de reclamos salariales encabezadas por docentes.
En los datos estadísticos precisan que los entrevistados son: 173 víctimas, 39 testigos y 14 familiares. En el rango etario, son 94 personas de entre 31 a 45 años; 65 de entre 46 a 65; 47 de 18 a 30 años; 6 de 66 o más; y dos de 0 a 13 años. Entre las víctimas entrevistadas, 4 estaban hospitalizadas, 67 heridas en el domicilio; 27 en libertad después de una privación ilegítima de la libertad; 28 identificaron que estaban bajo amenaza o coacción; 34 recuperada en su domicilio y 1 privada de su libertad. decicion de la autonomía total de la ponderación de hechos y de recolección de intereses....
“Este conflicto encuentra a las mujeres como sujetos políticos centrales", señalaron.
“En el año 2021 y en julio del 2022, hubo dos delegaciones que se hicieron presentes en la provincia, tomaron testimonio a decenas de personas que denunciaban distintas vulneraciones de sus derechos a manos del Estado jujeño”, denunciaron.
En su análisis hacen especial hincapié en la “creación y utilización de un Código Contravencional orientado a la criminalización de la protesta social, vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y despojo de sus tierras”.
El rol de la policía en la mira
Según el informe, las personas entrevistadas pudieron identificar entre sus agresores, en 202 casos a la fuerza pública provincial; en 11 casos a efectivos "parapoliciales"; en 19 casos "personal de seguridad encubierto"; 29 infantería; 3 policía motorizada y en 2 ocasiones la fuerza pública federal. En la mayoría de los casos las agresiones fueron físicas (163), en 14 situaciones denunciaron torturas y/o tratos inhumanos, crueles y degradantes y en 103 casos "violación a la libertad de expresión" -registraron que hubo periodistas detenidos-.
Conclusiones del informe preliminar de la Misión de DDHH
Entre las conclusiones, la misión afirmó que el accionar represivo se dio desde el 16 de junio y persiste hasta la fecha con grupos “policiales como parapoliciales” para “reprimir, violentar, detener, torturar, perseguir, amenazar e intimidar a la población civil indefensa”.
- El Estado argentino y las autoridades provinciales de Jujuy deben ser investigadas, ya que en el marco de las protestas gremiales por reclamos salariales y en contra de la reforma de la Constitución provincial ocurrida al 15 de junio de 2023.
- Afirman, también: “La represión incluye prácticas similares a las utilizadas en la provincia durante la última dictadura militar”: ingreso a domicilios sin órdenes de allanamiento, rompiendo lo que encuentran a su paso y ejerciendo maltrato físico y sicológico a las personas, llegando en algún caso al abuso sexual; realizando detenciones arbitrarias; merodeo de vehículos sin identificación que sacan fotos o realizan filmaciones; apagones de luz durante represiones en la ruta 9; espionaje ilegal en redes sociales; intimidaciones laborales a quienes participan de las manifestaciones y protestas, etc.
- La represión desatada impidió, limitó y condicionó la participación política, el derecho de reunión, de peticionar ante las autoridades, el derecho a la libertad, de expresión y el derecho a la protesta.
- El Estado jujeño debe ser investigado por haber desplegado sobre la población civil indefensa, prácticas represivas abusivas, desproporcionadas e ilegales.
- El Estado jujeño debe ser investigado por haber atacado de manera sistemática y generalizada a la población civil, especialmente a indígenas, campesinos, líderes y lideresas sociales y prensa independiente.
- Deberá investigarse al Estado jujeño en referencia a los delitos de lesa humanidad señalados.
- El pueblo argentino, y especialmente el jujeño, y particularmente las víctimas de la represión ilegal, tienen derecho a la apertura de todas las instancias jurisdiccionales, nacionales e internacionales para obtener la reparación integral, a través de la verdad y la justicia.