Las semanas pasaron y en mayo, la Fiscalía de Jujuy desestimó la denuncia por cesantías, pese a que la defensa de los trabajadores consideraba que había elementos penales en el caso. La defensa de los trabajadores denunció que la causa fue archivada y que se los dejó en desamparo judicial.
Ya en junio, volvieron a advertir que el caso está plagado de irregularidades y señalaban que pasó a la Justicia Federal.
A la espera de una resolución, crecen las denuncias contra Santa Ana
En una entrevista con Radio 2, Héctor, ex chofer de la empresa Santa Ana, visibilizó la profunda crisis y el esquema de precarización al que son sometidos los choferes, mecánicos y personal administrativo de la firma que resultó mayormente beneficiada en la última licitación del servicio municipal.
Según expuso, los trabajadores activos acudieron a ex empleados para que actúen como voceros por temor a represalias inmediatas: "La situación actual es insostenible. A la fecha, no se les canceló la totalidad del sueldo del mes de junio: a algunos les retuvieron el 20% y a una gran cantidad les deben el 50% del salario. Pero lo más grave es que los directivos ya manifestaron que no se van a hacer cargo del pago del aguinaldo. Dicen que no lo van a pagar nunca más".
Siguiendo esa línea, describió un escenario de desamparo total para el trabajador del volante. Aseguró que en el último año y medio se registraron alrededor de 80 despidos entre choferes y mecánicos motivados únicamente por exigir el pago de horas extras o diferencias salariales.
Además, denunció que la empresa implementa prácticas abusivas como descontar del sueldo de los choferes y mecánicos el costo de los repuestos y la mano de obra ante cualquier desperfecto mecánico de las unidades.
La acusación también apunta al rol del sindicato y de los órganos de control del Estado: "Los cuatro delegados de la empresa están copados por el empresario y no toman los reclamos. El titular de la UTA se borró; no tenemos obra social, no se respeta la escala salarial y estimamos que a cada trabajador se le adeudan entre 18 y 20 millones de pesos por diferencias de los últimos dos años".
Héctor reveló que los despedidos sufren maniobras turbias por parte de la empresa ante los organismos nacionales para impedirles cobrar el fondo de desempleo durante meses, lo que motivó la denuncia en la Justicia Federal.
