El PJ apuntó al municipio por el paro de transporte
Mientras el oficialismo de la capital jujeña consideró un paso importante la declaración de emergencia, cuatro concejales se retiraron del recinto considerando innecesario sancionar la ordenanza y afirmando que desde la intendencia tenían facultades para arreglar la situación mucho antes.
Con la situación del transporte momentáneamente normalizada en la ciudad, desde Un nuevo día (Radio 2) buscaron echar luz sobre los acontecimientos que tuvieron lugar en el Concejo Deliberante capitalino en la jornada de ayer.
En primer término, el presidente del organismo legislativo Lisandro Aguiar profundizó sobre la ordenanza sancionada (pendiente de promulgación) destacándola como un éxito en medio del conflicto que tuvo a los usuarios en vilo por casi una semana.
Entre los puntos más destacados de la ordenanza 7317 se destacan:
Declarar la emergencia por un período de dos años, con la posibilidad de acortar el lapso en caso de que la situación se normalice.
Se faculta al ejecutivo municipal la modificación de la compensación del BEGU establecido actualmente en $5,25 por pasajero.
Declarar el transporte urbano de pasajeros como servicio esencial en el marco de la ley provincial 4175 artículo 17.
Se ordena al ejecutivo la realización de un estudio de costo pormenorizado del sistema, en un plazo de 15 días. Actualización trimestral de este estudio de costo.
Reestructuración para eficientizar el servicio: Modificar las líneas a fin de buscar mejores prestaciones.
Intimar a las empresas a acreditar el pago de sueldo y obra social bajo apercibimiento de caducidad
Consultado por la facultad del ejecutivo para finiquitar la concesión en caso de que las empresas incurran en nuevos incumplimientos salariales, Aguiar aseguró que este es un concepto nuevo “no contemplando de tal forma en los actuales contratos”.
Sin embargo, el concejal justicialista Matías Domínguez (quien se retiró del recinto junto a Federico Noro, Guillermo Alemán y Andrea Gutiérrez) sostuvo que el ejecutivo municipal “siempre tuvo las herramientas necesarias para sancionar a las empresas y asistir a los ciudadanos damnificados”.
Sosteniendo que era innecesario avanzar con la aprobación de la ordenanza tal y como dispuso el oficialismo, Domínguez insistió en la obligatoriedad de tratar la emergencia con calma "antes de darle facultades exorbitantes al intendente".
Si bien existieron numerosas coincidencias entre los distintos bloques, quedó en evidencia la contradicción entre quienes veían la urgente necesidad de aprobar la medida y quienes consideran al gobierno municipal, al menos en parte, responsable de que el paro de transporte se haya extendido por tanto tiempo.