Recientemente, comenzó a circular un Decreto Acuerdo (N°5084) que establece ajustes para la contención del gasto público, aunque aún no está publicado oficialmente en el Boletín Oficial de la provincia.
Críticas al decreto del gobierno jujeño: el ajuste va a empleados y no a funcionarios
Continúan las repercusiones sobre un polémico decreto de ajuste del Ejecutivo provincial Diputado de La Libertad Avanza cuestionó que se apunte a la clase trabajadora y no a los que tienen privilegios y tildó al documento de “pantomima para disfrazar gastos”.
Entre las principales disposiciones, se establece que: toda obra pública deberá contar con autorización directa del gobernador para su ejecución; suspensión de transferencias y asistencias financieras extraordinarias a municipios y comunas; congelamiento de personal, restricciones en horas extras y revisión de contratos.
El documento ya comenzó a generar preocupación en la administración pública.
Críticas al polémico decreto de ajuste
El diputado de La Libertad Avanza, Kevin Ballesty, criticó fuertemente el decreto que suspende además la compra de bienes de capital, interpretándolo como la confirmación de que la provincia no tiene superávit fiscal ni cuentas ordenadas, a pesar de las declaraciones del gobernador hace un mes.
Denunció que el ajuste se enfoca en el funcionamiento normal de la administración pública y el empleo, pero no en los privilegios o sueldos de los funcionarios públicos.
El legislador local acusó a las gestiones de Gerardo Morales y Carlos Sair de “mala administración” y de un “proceso de saqueo provincial”, evidenciado en el endeudamiento y el uso de empresas estatales para acomodar compromisos políticos y familiares sin generar rendición de cuentas ni desarrollo productivo.
Ballesty marcó cierto escepticismo sobre la seriedad del decreto, considerándolo una “pantomima” para disfrazar gastos, y anticipó que los recortes afectarán al hilo más delgado: el empleo público.
Mencionó que el Jefe de Gabinete, Freddy Morales, es una figura clave en la toma de decisiones sobre recursos, confirmando un “co-gobierno”.