Cuando se gobierna desde la ilegalidad, la ley deja de ser el límite del poder

Las consecuencias jurídicas de este escenario son devastadoras: se rompe la regla de oro de la democracia: la previsibilidad. Si las leyes se adaptan a la necesidad del momento, lo que hoy es legal mañana puede no serlo. Ese vacío de legalidad deja a los ciudadanos en una intemperie total.

Algunos ejemplos son reveladores. Los aumentos a la plana mayor de la policía fueron gestionados por el coronel Pulleiro a través de un instrumento firmado con el jefe de despacho de la Secretaría de Seguridad, ad referéndum del gobernador. Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, esa acción administrativa no tiene existencia legal.

Otro caso que expone la ilegalidad es la ocupación de tierras de Finca El Pongo por la empresa Cannava, sin ninguna contribución al Hospital Zabala, en condiciones legales inciertas. O el decreto firmado por Gerardo Morales en 2016 que permitió la compra directa de maquinarias viales por 300 millones de pesos, sin licitación, entre otros ejemplos de irregularidades jurídicas.

Para la ciudadanía, el impacto es directo y doloroso: cuando la institucionalidad se degrada, el vecino pierde el derecho a la protesta, la garantía de un juicio justo y, en última instancia, la fe en que el Estado lo protege y no lo disciplina. Este contexto también afecta la inversión: el litio y el potencial minero son atractivos solo si los capitales internacionales perciben un marco legal seguro. La inseguridad jurídica es el mayor repelente del desarrollo; sin instituciones sólidas, Jujuy corre el riesgo de convertirse en un feudo donde prosperan solo los amigos del poder, mientras la economía real se estanca.

Gobernar desde la excepcionalidad puede servir para retener el poder hoy, pero el costo mañana es una provincia más pobre, dividida y con una democracia asfixiada. En sistemas institucionales sólidos, un acto administrativo que bordea la ilegalidad no se percibe como “astucia política”, sino como un síntoma de debilidad y corrupción sistémica. Allí, la legalidad no es una sugerencia: es el piso mínimo para construir confianza pública.

Cuando un gobernante salta la norma para obtener un resultado rápido, rompe el contrato social. La justicia no es un espectador ni un aliado del poder de turno, sino un árbitro que protege la seguridad jurídica, el activo más valioso de una nación. La tentación de gobernar por fuera de la ley es la vía más rápida hacia el aislamiento internacional y el empobrecimiento, porque capital, inversión y talento huyen de lugares donde las reglas dependen del humor de un caudillo o de un blindaje judicial a medida.

El verdadero poder no consiste en atropellar, sino en someterse a la ley para proteger al ciudadano común de los abusos de los de arriba. Es una cuestión de supervivencia institucional: o gobierna la ley para todos, o gobierna la voluntad de uno solo para nadie. Esa es la frontera que separa a las naciones que funcionan de las que quedan atrapadas en crisis eternas.