Cruje el pacto Morales-Rivarola: el PJ pide informes por los negocios con la salud
- Los negocios del diputado Rubén Rivarola con el gobierno de Gerardo Morales dividen al peronismo.
- Legisladores del PJ anticiparon que solicitarán el expediente que le adjudica a la empresa Maternoa SRL un millonario contrato.
- Denuncian una violación clara al artículo 64 de la constitución provincial y a la ley de ética pública.
Con el año recién comenzado una serie de temas sensibles de la política atraviesan sin contratiempos a múltiples sectores de la sociedad. Está claro que la oposición en este caso representada por el justicialismo no se podía callar incluso si el presidente del partido se encuentra involucrado.
Los referentes del PJ jujeño van tomando postura con el correr de los días, entre conveniente parsimonia algunos, repartiendo críticas contra el líder del partido y el gobierno otros.
Las mujeres de Bases Nacionales Peronistas convocaron una conferencia donde profundizaron sobre dos reclamos hacia el Ejecutivo provincial:
- El pedido de información por la adjudicación de servicios médicos y de recupero para una empresa vinculada al diputado Rubén Armando Rivarola; condenar los hechos denunciados dentro del Ministerio de Trabajo e insistir en la remoción de su titular Jorge Cabana Fusz acusado de abuso de autoridad y acoso sexual.
- La referente peronista Florencia Romero fue tajante al calificar el conflicto de intereses entre negocios y política como “un negocio multimillonario encubierto” considerando que el propio Estado podría cubrir los servicios de salud sin necesidad de tercerizarlos.
“Estamos pidiendo explicaciones, nuestros funcionarios tanto en el poder Ejecutivo como del partido deben contestar los informes tal cual se han requerido conforme la Ley de Información Pública. Más de allá de considerar inadmisible la privatización de los servicios de Salud, necesitamos la información previamente a emitir una opinión sobre el fondo del asunto, caso contrario se seguirá con los canales legales que correspondan".
Por su parte la concejal capitalina Verónica Valente criticó la falta de rigor del oficialismo para accionar sobre Cabana Fusz, actualmente licenciado de sus funciones buscando vindicarse ante las acusaciones.
“Primero nos solidarizamos con la víctima de violencia, pero el protocolo es una Ley que viene aplicándose desde 2010 y el gobernador no debe desconocer como actuar ante hechos de violencia. Ningún organismo trabajo con esa mujer, brindándole el apoyo, conteniéndola. Dejemos los protocolos de lado es una cuestión humana. Yo le creo, por lo que pido la renuncia de ese funcionario. Cuando golpean a una mujer lo hacen con todas ”.