La Asociación de Defensa del Consumidor CODECUC realizó presentaciones contra el proceso licitatorio que llevó adelante el municipio capitalino, señalando que está “plagado de vicios”. Anticiparon que irán a Nación si la Justicia jujeña “congela” el amparo interpuesto.
La Municipalidad de San Salvador concretó la adjudicación del polémico proceso de licitación para la prestación del servicio de transporte urbano en la ciudad.
De las tres empresas que participaron, quedaron solo dos: Santa Ana y El Urbano fueron adjudicadas. Quedó excluida Xibi Xibi, pese a numerosos reclamos de sus trabajadores.
Alejandro Mur, titular de la asociación de defensa del consumidor CODECUC, dialogó con Radio 2 sobre la judicialización del conflicto suscitado a raíz de la polémica licitación del transporte.
Recordó que en octubre de 2025 se inició el proceso con una "participación ciudadana" que la calificó de "circo burdo", ya que consistió solo en la presentación de notas escritas y no en una audiencia pública presencial. En los primeros días de noviembre de 2025, CODECUC interpuso un amparo ante el Tribunal en lo Contencioso Administrativo donde solicitaban frenar el tratamiento del pliego para que los nuevos concejales modificaran puntos que violaban la Carta Orgánica de San Salvador de Jujuy. Pese al amparo, a fines de noviembre de 2025 el Concejo Deliberante sancionó la Ordenanza N° 8232, aprobando las bases, condiciones y la posterior adjudicación del servicio por 10 años más a las mismas empresas operadoras (Santa Ana y El Urbano).
Ya en este 2026, el Tribunal Contencioso emitió una sentencia declarando "inoficioso" expedirse, argumentando que al haberse sancionado y publicado la ordenanza, la controversia judicial se había vuelto abstracta. En desacuerdo con este criterio, la asociación CODECUC presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte de la provincia de Jujuy, el cual se encuentra bajo análisis de admisibilidad.
Mur dijo intuir que la Corte jujeña rechazará el recurso para “congelar la causa”. Fundamentó la sospecha en un hecho de público conocimiento: Lisandro Aguiar, ex presidente del Concejo Deliberante que impulsó y aprobó la polémica licitación, asumió en diciembre de 2025 como juez de la misma Corte provincial que hoy debe resolver el caso. Ante esta situación anticipó que recurrirán a la Corte Suprema de la Nación.
