13 mil cooperativas y un escándalo millonario
Un enorme flujo de recursos públicos quedó bajo sospecha por una objeción de la federación de contadores: miles de cooperativas sociales cobraron millones de pesos durante el kirchnerismo pero, al ser controladas, se descubrió que registraban direcciones ficticias, no registraban comisiones directivas ni balances presentados. Los fondos nunca pudieron ser rendidos.
“Hubo una fiesta” asegura un funcionario provincial al referirse a la política de “economía social” que impulsó el kirchnerismo en todo el país, y en particular en la provincia.
Con el argumento válido de fomentar la distribución del ingreso, durante la gestión K se otorgaron miles de contrataciones del estado en todo el país a las denominadas cooperativas sociales.
El problema surgió cuando el organismo encargado de controlar su funcionamiento, el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES), descubrió serias irregularidades en el manejo contable y la rendición de cuentas de estas asociaciones de tipo social: de 19 mil cooperativas inscriptas, aproximadamente 13 mil registraban direcciones ficticias, inexistentes, ubicadas en terrenos baldíos o en construcciones precarias.
En general, no registraban documentación alguna de sus operaciones, ni facturación por las prestaciones que le brindaban al estado.
Mucho menos presentaban balances contables de cada ejercicio.
Lo insólito es el pedido que el INAES le realizó a la Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) entidad que representa a los contadores de todo el país.
Según el tesorero de la FACPCE, Daniel Grosso, el INAES solicitó a la entidad que emita una resolución facultando a los contadores a avalar la rendición de cuentas de las cooperativas sin la presentación de los balances contables.
Este pedido, de ser concedido, violaría las leyes que regulan el ejercició de su profesión.
En Jujuy, el caso de las cooperativas asociadas a la organización Tupac Amaru, es el emblema, aunque no el único caso.
La gran mayoría de las reparticiones públicas durante el kirchnerismo contrataron a las cooperativas para brindar servicios o vender bienes.
Uno de los casos más recordado es el del ministerio de educación, que durante la gestión que completaron el actual rector universitario Rodolfo Tecchi y su sucesora Florencia Gelmetti, contrataron a esta clase de asociaciones para realizar los mantenimientos en las escuelas antes del inicio de cada ciclo lectivo.
Las denuncias por irregularidades allí fueron públicas, pero nunca llegaron a la justicia.
El sistema funcionó al menos desde el año 2006, cuando el ministerio de desarrollo social, a cargo por ese entonces de Alicia Kirchner, emitió la resolución 3026, que con el argumento de promover el desarrollo de la economía social, instaba a todos los estamentos del estado a contratar a las cooperativas ante cada servicio o bien que demanden.
La federación que representa a los contadores del país ya ha rechazado el pedido del INAES, cuya solicitud llama la atención: busca un artilugio legal para justificar las desprolijidades de las cooperativas, en lugar de denunciar los que serían hechos sistemáticos de corrupción.
Jujuy al momento intentó comunicarse con el presidente del INAES, Marcelo Oscar Collomb, pero no logró trasladarle la consulta.
Por este tema, la FACPCE y el INAES constituyeron una "mesa de enlace" en la que se discute, entre otras cosas, esta situación.
El último encuentro se produjo el pasado jueves 15 de junio.