La condena a Julio De Vido a cinco años de prisión por el caso Skanska que se conoció este lunes es la quinta que recibe el exministro de Planificación Federal de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. El Tribunal Oral Federal 4 comprobó que el exfuncionario cobró coimas en la adjudicación de obras de ampliación de gasoductos que realizó la constructora sueca. La misma pena recibió el extitular de Vialidad José López.
Julio De Vido sumó su quinta condena por corrupción pero seguirá con prisión domiciliaria
La Justicia comprobó que el ex ministro kirchnerista cobró coimas en el proceso para la ampliación de dos gasoductos. Ya fue sentenciado por la compra de “trenes chatarra”, por sobreprecios en la importación de GNL, por el caso Odebrecht y por la tragedia de Once.
Antes de Skanska, el exministro ya había sido condenado a cuatro años de prisión por la compra de los llamados “trenes chatarra”; a cuatro años por sobreprecios en la importación de gas natural licuado (GNL); a tres años en suspenso por el caso Odebrecht, y a cuatro años por la tragedia de Once, la única sentencia firme —confirmada por la Corte Suprema— y por la que cumple prisión domiciliaria en su casa de Zárate.
Trenes chatarra
La primera condena sobre De Vido llegó en abril de 2022, cuando el Tribunal Oral Federal 6 lo sentenció a a cuatro años de prisión por administración fraudulenta por la compra de trenes usados a España y Portugal en condiciones deficientes para las líneas Sarmiento y Mitre.
En la misma causa, el entonces secretario de Transporte Ricardo Jaime recibió una pena de ocho años de prisión por enriquecimiento ilícito. La sentencia todavía no está firme.
Sobreprecios en la compra de gas natural licuado (GNL)
En octubre de 2025, el Tribunal Oral Federal 7 —integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Germán Castelli y Fernando Canero— condenó a De Vido a cuatro años de prisión e inhabilitación perpetua por administración fraudulenta, en la causa que investigó sobreprecios en la importación de cargamentos de GNL entre 2008 y 2015.
En el mismo expediente fueron condenados el ex subsecretario Roberto Baratta, a tres años y seis meses, y el empresario Roberto Nicolás Dromi San Martino, a tres años en suspenso. El tribunal ordenó además la restitución al Estado de 5.523.345 dólares. Tampoco es una condena firme.
Tragedia de Once, la única condena firme
El Tribunal Oral Federal 4 había condenado a De Vido a cuatro años de prisión por administración fraudulenta, al considerar que no controló el uso de los fondos públicos destinados a Trenes de Buenos Aires (TBA), aunque lo absolvió por el choque del 22 de febrero de 2012 en la estación Once, que dejó 52 muertos y más de 700 heridos.
En noviembre de 2025, la Corte Suprema confirmó la condena y ordenó su detención. Por esa causa, De Vido cumple actualmente arresto domiciliario en su casa de Puerto Panal, en Zárate, adonde fue trasladado en mayo de este año por motivos de salud, tras ser intervenido con una angioplastia.
Odebrecht
La cuarta condena fue en junio de este año, cuando el Tribunal Oral Federal 2 —el mismo que condenó a Cristina Kirchner en la causa Vialidad— sentenció a De Vido a tres años de prisión en suspenso como partícipe de negociaciones incompatibles con la función pública, en la causa que investigó la adjudicación de la ampliación de dos gasoductos a la constructora brasileña Odebrecht, un expediente que se desprendió de la propia causa Skanska.
En el mismo juicio fueron condenados el exsecretario de Energía Daniel Cameron y el exsubsecretario de Combustibles Cristian Folgar, mientras que dos exdirectivos de Cammesa fueron absueltos.
La condena por Skanska
El tribunal, integrado por los jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñíguez, consideró probado que De Vido y López cobraron coimas en el proceso de licitación para la ampliación de los gasoductos Norte y Sur, adjudicada a Skanska. Gorini y Costabel calificaron el delito como negociaciones incompatibles con la función pública; López Iñíguez votó en disidencia respecto de esa calificación y del monto de las penas, y además consideró que no hubo fraude al Estado porque un peritaje ordenado por la Corte Suprema no acreditó sobreprecios en la obra.
El tribunal también dispuso el decomiso de 48 millones de pesos actualizados desde 2005 —34 millones por el monto del cohecho y 14 millones por el fraude estimado al Estado— y la inhabilitación perpetua de los condenados para ejercer cargos públicos. Los fundamentos del fallo se conocerán el 22 de septiembre.