Día clave para las empresas de transporte

El municipio de San Salvador de Jujuy intentará cerrar un acuerdo con el área de transporte a nivel nacional para recuperar parte de lo que se perdió en materia de subsidios a comienzos de este año. 

El gobierno nacional anunció –y cumplió– sobre fines de 2018 que el volumen de dinero que enviaba a las provincias en concepto de subsidio al transporte sería recortado en un 50%. 

Ese fue el origen de un reclamo empresario que se intensificó durante febrero y marzo, con retrasos en el pago de salarios, recortes y empresas solicitando que se abran el proceso preventivo de quiebra previsto en la ley. 

Los empresarios aseguran no poder soportar el recorte. 

El gobierno provincial que estaba notificado de la situación, al igual que el municipio, “socorrió” al sistema y cubrió con fondos de las arcas provinciales el bache financiero que dejó nación. 

Sin embargo, aseguran, esa situación no es sostenible en el tiempo. 

Por ese motivo el municipio solicitó a transporte de nación que se contemple su situación en base a lo previsto en la misma norma que habilitó el recorte. 

Se trata de la resolución 10/86 del 11 de diciembre de 2018 que en su artículo 4° prevé restituir hasta en un 20% el monto subsidiado para el caso de los municipios cuyas empresas demuestren que la ecuación económica no cierra sin ese aporte. 

Según el secretario de servicios públicos, Guillermo Marenco, ese trámite fue realizado por funcionarios del municipio y aprobado por los funcionarios a nivel nacional. 

En virtud de esa gestión se firmaría durante esta jornada el convenio para la restitución de los fondos. 

Durante el discurso de apertura de sesiones ordinarias del concejo deliberante de San Salvador de Jujuy, el intendente Raúl Jorge le agradeció a la provincia el apoyo financiero de estos meses. 

Según explican desde el municipio, los días 10 y 20 de cada mes tesorería de la provincia giró los fondos al municipio para asistir a las empresas. 

Sin embargo, la ordenanza que aprobó los aumentos anteriores del servicio deja abierta una posibilidad para que las empresas soliciten una nueva readecuación si es que continúan con “desequilibrios financieros”. 

El año político y las elecciones en el horizonte probablemente mantengan esa situación estable, pero nada garantiza que pasado el proceso las empresas no hagan uso de esa opción. 

Tanto Santa Ana como Xibi Xibi fueron las primeras dos prestadoras del servicio que iniciaron el proceso preventivo de quiebra por declarar que sus ingresos no llegaban a cubrir los costos. 

El intendente Jorge, además, ratificó la vigencia del Boleto Estudiantil Gratuito Universal (BEGU) durante su última aparición pública, beneficio que alcanza a 60 mil estudiantes de los tres niveles en toda la capital.