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La Of. Anticorrupción tardó un año en denunciar a INBER

El gobierno se defendió en el caso del pedido de coimas a empresas constructoras indicando que las irregularidades fueron detectadas a pocos meses de asumir el gobierno, sin embargo pasó más de un año hasta que se formalizó una denuncia en la justicia.

El gobierno sostiene que es víctima de una extorsión por parte de una empresa que quiere cobrar una suma millonaria por obras que la gestión Fellner le encomendó y esta no hizo.

También lo es, según su hipótesis, de un oportunista que se acercó al gobierno con el único objetivo de coimear a empresarios y obtener dinero en forma ilícita. 

Sin embargo, la coartada de la transparencia tiene una agujero que el gobierno hasta ahora no ha podido explicar: por qué se demoró más de un año en formalizar una denuncia en la justicia si las irregularidades se detectaron a los pocos días de asumir el gobierno. 

Según indicaron en su “alegato” del lunes por la tarde el gobernador Gerardo Morales y el Ministro de Infraestructura Jorge Rizzotti, el 29 de enero de 2016 el ministerio ya había emitido un dictamen negativo sobre uno de los cuatro expedientes en los que se detectó que la empresa INBER, una habitual ganadora de licitaciones durante la gestión Fellner, había cobrado dinero por obras que no realizó. 

En febrero, según la explicación oficial, ya había dictamen sobre los otros tres. 

Y en abril, el titular de la Oficina Anticorrupción, Joaquín Millón Quintana, tuvo en sus manos los expedientes con los dictámenes, luego de que Fiscalía de Estado se los remitiera. 

Según el gobierno, INBER cometió irregularidades como facturar por el enripiado de una calle que en realidad ya estaba asfaltada. Emitió además, según la denuncia, certificados de obra sobre esta contratación. ¿Cómo puede una empresa constructora arrojar ripio sobre una calle que ya tiene asfalto?

Pero al momento de advertir esta situación los funcionarios tenían la obligación de presentarse en la fiscalía y denunciarlo. La ley se los exige. 

Sin embargo, según la versión oficial, el ministro Rizzotti decidió enviar los expedientes a Casa de Gobierno, allí el fiscal de estado Mariano Miranda se los pasó al titular de la oficina anticorrupción, donde durmieron durante un año. 

Un dato, además, es llamativo: en declaraciones a Radio 2, después del escándalo, Millón Quintana aseguró no saber si los expedientes que complicaban a las empresas existían realmente.

Pero ¿no los tenía desde hace un año?

 

 

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