El reciente anuncio del Gobierno Provincial sobre la reducción de impuestos volvió a instalar el debate sobre quiénes son los verdaderos beneficiarios de estas medidas. Desde la oposición remarcan que no se trata de una iniciativa nueva, sino de la puesta en escena de leyes que ya fueron votadas el año pasado en la Legislatura.
Reducción impositiva: critican que el Gobierno vende como novedad beneficios que solo alcanzan a grandes industrias
El Gobierno provincial anunció reducciones impositivas y exenciones de hasta el 100%. El diputado Gastón Remy, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, realizó un análisis sobre esta medida adoptada por el Gobierno.
El diputado del FIT, Gastón Remy expresó que: “Esto no es algo que se esté creando ahora en enero. Es, en realidad, una publicidad oficial de normas que ya fueron aprobadas meses atrás”, señalaron, con el objetivo de aclarar el origen del paquete de beneficios fiscales difundido recientemente.
Una de las leyes centrales se denomina “Estímulos fiscales para el fortalecimiento de la economía” y está dirigida específicamente al sector industrial, en particular a la industria manufacturera de la provincia. Sin embargo, no alcanza a cualquier actividad productiva: para acceder a los beneficios, las empresas deben contar con un volumen de facturación de hasta 3.000 millones de pesos, lo que deja afuera a pequeños productores y emprendimientos.
El esquema contempla la eliminación del impuesto a los Ingresos Brutos, considerado el tributo más importante a nivel provincial, además de rebajas de hasta el 50% en el impuesto inmobiliario, beneficios que se otorgan por un plazo de cinco años.
Durante el tratamiento legislativo de la norma, que pasó “casi sin pena ni gloria” y sin una fuerte difusión oficial, se planteó un interrogante clave: por qué no se incluyó a la actividad comercial dentro de este régimen. El comercio representa aproximadamente el 50% de la recaudación provincial, siendo el sector que mayor aporte fiscal realiza, pero aun así quedó excluido del beneficio.
“No hubo una respuesta clara a ese planteo”, señalaron desde la oposición, que insistieron en la necesidad de contemplar al pequeño comerciante y al pequeño productor, sectores que no forman parte del núcleo industrial beneficiado y que, paradójicamente, sostienen gran parte de la recaudación.
De este modo, el debate vuelve a centrarse en el alcance real de la reducción impositiva y en si las políticas fiscales del Gobierno priorizan a los grandes actores económicos, dejando fuera a quienes más aportan y más dificultades enfrentan en el actual contexto económico.
“Cuando se habla de comercio de alimentos, es importante aclarar que no está incluido en esta ley de estímulos fiscales”, remarcaron. Según explicaron, el régimen que beneficia a la industria tiene una vigencia de cinco años, mientras que cualquier alivio vinculado al comercio aparece, en el mejor de los casos, en otra parte de la normativa y con un alcance mucho más limitado, vigente solo hasta el 31 de diciembre de este año.
Por otro lado, recordó que la ley también prevé un incentivo para quienes crean nuevas empresas durante este año o para aquellos que se registren formalmente ante Rentas o ARCA (ex AFIP). En estos casos, el beneficio consiste en un año de exención del impuesto a los Ingresos Brutos y la posibilidad de regularizar el impuesto inmobiliario.
Sin embargo, desde la oposición cuestionaron el enfoque de esta medida, al señalar que tras ese año de gracia los contribuyentes deberán comenzar a pagar impuestos de manera regular. “La discusión era por qué se apunta al pequeño. Se trata de sectores que hoy están en una situación económica tan delicada que no pueden blanquearse”, advirtieron.
Incluso se mencionó el caso de monotributistas no registrados y trabajadores informales, para quienes el esquema implica apenas un “changüí” temporal. “Se les da un año de gracia y después tienen que pagar. El objetivo final es recaudar”, señalaron.
De este modo, sostienen que mientras las grandes industrias acceden a beneficios fiscales por cinco años, los pequeños comerciantes y trabajadores solo reciben alivios transitorios, lo que profundiza las desigualdades dentro del esquema impositivo provincial.