Con la salida de los legisladores de la Izquierda, 8 diputados dejaron el recinto para no participar del proceso de reforma de la Constitución de Jujuy.
El abogado constitucionalista René Casas comentó la situación indicando que la deserción le quita legitimidad y legalidad al proceso; “el año pasado, cuando se presentó el proyecto de reforma, planteamos que el proyecto de ley tenía un aparente estado de legalidad pero no era pleno. Recordemos que, cuando se trató el proyecto, se pidió que el voto de legisladores provinciales sea nominal para establecer claramente la mayoría que establece la Constitución, los dos tercios de legisladores. En una mayoría oficialista se rechazó el voto nominal, por lo tanto, en la versión taquigráfica no sabemos quién votó la sanción de la ley 6.302, que es la que da el fundamento a esta aparente reforma de la Constitución”.
“En agosto del año pasado me invitaron a una reunión, cuando no se sabía si el gobernador se animaría a presentar el proyecto de reforma. En la misma había varios colegas de distintas ideologías, miembros de la Justicia, de Ministerios, y les dije que había que tener cuidado porque, aparentemente, lo que querían hacer puede llevar a que todo el proceso termine como la Constitución nacional de 1949”, contó Casas.
“La aparente legalidad que tiene la ley 6302 y la falta de constitucionalidad que tiene este proceso de reforma se dan por dos cuestiones: los convencionales que están abandonando la discusión en el recinto y por el gran rechazo social que tiene en la calle, que muestra que toda la provincia se levanta contra el proceso”, dijo Casas.
En cuanto a la reforma constitucional de 1949, el abogado comentó que “los convencionales en el ´49 que entendían que no había debate, los radicales, protestaban por eso y porque el proceso no tenía representación social ni era legítimo. Sin embargo, el oficialismo avanzó y sancionó la Constitución, la juraron y empezaron a aplicarla, y hubo una crisis social espantosa. Lo que no tenía legitimidad ni legalidad se terminó cayendo. Es prácticamente lo que pasó con la del ´72: se está repitiendo la historia porque no se están haciendo bien los procesos. Se está mostrando la carencia de legalidad y legitimidad. Si posiblemente lo traten y aprueben no sé qué consecuencias tendrá esto. En el contenido del texto que mostraron se ven inconstitucionalidades groseras”.
“Se llevan puestos el artículo 12, que restringe la publicidad de actos de gobierno. Los actos son públicos, pero si la autoridad competente entiende que hay que guardar secreto se dispone secreto. Eso viola los artículos 1 y 2 de la Constitución nacional. Encima no dice que lo dispone un juez sino cualquier autoridad”, agregó.
Asimismo, indicó que “le dan la facultad, a quien ocupe el cargo de vicegobernador, de detener personas. Si la gente se presenta en la Legislatura porque no les gusta un proyecto de ley, el vicegobernador tiene la facultad de ordenar su detención. Solo lo pueden hacer los jueces, la posibilidad de detener una persona es de los jueces, no del vicegobernador de una provincia”.
Por otro lado, Casas comentó que “el proyecto dice que, cuando la autoridad considere que la persona atenta contra el funcionamiento de la sociedad o realizara expresiones en tal sentido, se puede ordenar no solo la detención sino aplicar multas estableciendo un procedimiento de ejecución. El decreto es un anticipo de lo que se viene en la Constitución, pero tuvieron que derogarlo por el rechazo social”.
“Este proceso de reforma pretende darle todo el poder al gobierno, facultades ejecutivas, legislativas y judiciales”.
