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Comunidades originarias exigen a concejos deliberantes rechazar la reforma constitucional

Representante en Humahuaca sostiene que continuarán realizando diversas actividades y acciones hasta que "caiga la reforma".

  • Mercedes Maidana, docente y miembro de comunidades originarias, exigió que los concejos deliberantes, al menos de Quebrada y Puna, se expresen en contra de la reforma constitucional.
  • En la última sesión del Deliberante humahuaqueño se logró la aprobación de esa iniciativa.

Mercedes Maidana es docente y miembro de una comunidad originaria de Quebrada; participó días pasados de la sesión del Concejo Deliberante Humahuaqueño donde se aprobó el rechazo a la reforma constitucional, aprobación seguida de enfrentamientos entre manifestantes y policías.

Para la referente no es suficiente que la iniciativa se haya aprobado en Humahuaca sino que la misma tiene que extenderse a todo Jujuy, indicando que “las comunidades exigen que los Deliberantes rechacen la reforma; pueblos y Comisiones Municipales están trabajando al respecto. En La Quiaca hicieron un documento, lo tomamos, y es una posibilidad de generar esta presión necesaria para que baje la reforma”.

Usando la banca 13 en la última sesión del Deliberante de Humahuaca, la integrante de comunidades fue parte de la presión sobre concejales para que rechacen la iniciativa del gobierno; una de las razones por las que se opone a la misma es “la violación de los estándares internacionales, no haber habilitado el espacio de participación que le exige el Convenio 169 al Estado nacional y provincial. Si se tomarán decisiones que afecten a las comunidades tienen que ser consultadas. Y no se trata de la firma de ningún papel, como quieren hacer creer, sino de la elaboración previa de protocolos de consulta”.

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Además, marcó “tres cosas (de la reforma): la expropiación de los recursos naturales de los territorios para su venta. Eso es tema de soberanía nacional. Se facilita que, de forma abierta, las transnacionales, multinacionales y grandes potencias puedan apropiarse de lo que tenemos. La violación del convenio 87, que recientemente también denunció la CTA Autónoma, documentos internacionales con rango constitucional (con los que) se está cercenando el derecho a la protesta. Y que la reforma anuló el Tribunal de Cuentas. Los fiscales de Jujuy, los jueces, son puestos por el gobernador, lo cual implica la suma del poder público, que es un delito”.

“No se habilitó adecuadamente ese espacio de participación con consulta libre, previa e informada. Siempre nos acusan que no queremos habilitar el diálogo; (pero hay) pruebas sobradas y por escrito de esa intensión; antes y durante el proceso de elaboración de esta reforma”, dijo.

También añadió que “los cortes de ruta tuvieron que ser el mecanismo para saltar la barrera mediática a nivel nacional”.

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