Desde hace algunos días, integrantes de pueblos originarios vienen denunciando que el gobierno no consulta acciones que realiza para la explotación de recursos y la ocupación de territorios.
Jorge Angulo, referente del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki se refirió a la situación marcando que “hay muchos conflictos en Jujuy, sobre todo de territorio. Una de las políticas que se viene ejecutando desde hace mucho tiempo y profundizando en los últimos años tiene que ver con el desalojo, con esto que llamamos los desarraigos, producto de los emprendimientos que nos expulsan de nuestro territorio. Cada vez se profundiza más. Como espacios colectivos comunitarios tenemos que trabajar en las propuestas y defender que se siga promoviendo este tipo de políticas”.
Asimismo, dijo que “se preparó un sistema para poder actuar en bloque; cuando uno ejecuta una orden es una política de la derecha promovida en todos los territorios de los pueblos originarios; no solamente pasa en Jujuy y en el país sino en muchos países. Jujuy siempre como que hoy es una zona liberada. Siempre hablamos de la cuestión de leyes, legal, de cómo avanzamos en la incorporación de derechos para defendernos, para poder demandar u obligar el Estado la regularización de las situaciones problemáticas en el territorio, en las tierras, la declaración de emergencia para los relevamientos y muchas de esas cosas no se cumplen. Tiene que ver con los intereses políticos y económicos sobre nuestras tierras. Hay comunidades que hoy podrían tener un poco más avanzada la entrega de títulos de propiedad de tierras y no se hicieron, por más que se promueva y sea bandera de campaña con Morales a la cabeza de que acá se resguarda y promueve el derecho indígena. Por eso crearon un Ministerio, es todo una pantalla, una cuestión que en realidad en vez de garantizar es para poder legalizar las cuestiones que vienen haciendo. Venimos arrastrando problemas de mucho tiempo con los problemas de la tierra profundizados por los proyectos mineros, la cuestión del litio, Cauchari, con los intereses sobre la tierra de Finca El Pongo, con la plantación de marihuana, históricamente la lucha del pueblo guaraní con Ledesma. En algún momento se hablaba como que presionan a los gobiernos, hoy son socios o los que ejecutan y trabajan para ellos, para los Poderes que manejan la economía en la provincia”.
Por otra parte, indicó que “se habla mucho, se crean muchos ministerios para resguardar, y salen a tirar discursos, pero en la práctica no. El agua es un problema muy grande en nuestra provincia. Justamente estamos asentados o tenemos una recuperación territorial en Palpalá y sufrimos históricamente el problema del agua. Uno de los conflictos latentes que tuvimos es cómo se quemaron nuestros bosques, los lugares donde tenemos algo de nuestro territorio por la sequía, y lo poco que teníamos de reserva de agua está en esta situación. Y el litio es una disputa constantemente por el tema del agua, y las comunidades defienden principalmente eso. Se pusieron al frente a decir no a la minería, no en una cuestión de capricho sino en la defensa de los recursos. Tiene que haber políticas públicas y garantizar la defensa de los recursos, tiene que haber políticas públicas y garantía del Estado para poder garantizar que no haya contaminación, que los recursos naturales principales no solamente son para la comunidad sino para que la humanidad siga desarrollándose, con el agua. Nuestra tierra, nuestra vegetación, nuestra naturaleza siga estando ahí para las futuras generaciones, para que esté presente y que siga siendo proyecto de vida para muchos”.
Además, marcó que “mucho slogan, mucho discurso, pero en la práctica es más profundización. Lamentablemente es eso. Pero cuando salimos a repudiar que se intentaba reformar la Constitución de la provincia cuando somos un sector muy relegado, es verdad que necesitamos incorporar más leyes a la Constitución para poder tener más amparos. También de fondo sabíamos que la intención principal era seguir avasallando más los territorios de las comunidades, no reconocer la propiedad comunitaria y poner por encima de eso solamente la propiedad privada. Hoy en Caspalá la expropiación de las tierras, lo de los diques en los perilagos, el conflicto del litio, 11.000 hectáreas que las comunidades están defendiendo y que también se expropiarán. Todas esas cuestiones tienen esas intenciones con la justicia, para después hacernos acatar a través de la represión, la persecución. Por estas cuestiones la tierra, el territorio, los recursos naturales, el agua, lamentablemente será una batalla terrible para defender este recurso, con los intereses económicos que no cuidan nada que tiene hoy como gobierno nuestra provincia”.
