Entre tantos reclamos, llamó la atención el que llevaba adelante un proveedor de carne de una de las escuelas de la provincia. Se trata de Miguel Vallejos quien asegura que el gobierno le adeuda más de un millón de pesos en concepto de servicios prestados en 2018 y 2019.
Pese a la protesta realizada, el comerciante no obtuvo una respuesta concreta alguna por parte de las autoridades del Ministerio de Desarrollo Humano a cargo de Natalia Sarapura.
No solo a mí a mí me deben sino a muchos proveedores que prestaron servicio en 2018 y 2019.
“Hoy les pagaron el 30 % pero esa plata ya no vale nada”, precisó.
El problema, señaló Vallejos, radica en la burocracia del trámite para que se destraben los fondos.
“En Casa de Gobierno me dicen que la gente encargada no gestiona. Hay un problema en el trámite. Toconás (empleado de la DGA) nos dice que de arriba no bajan fondos. Todos dicen algo diferente”, señaló.
Angustiado por la situación, advirtió que podría iniciar medidas de fuerza: “Ningún otro proveedor va a entrar a la escuela hasta que me cancelen a mí y si me tengo que encadenar lo voy a hacer”.
“Mis proveedores no me quieren fiar carne. Le debo plata a mis familiares”, explicó.
Finalmente, descartó la posibilidad de recurrir a la Justicia: “No confía en la justicia. Si demando van a hacer desaparecer el expediente. A la justicia la maneja el gobierno”.
Los proveedores aseguran que el gobierno aduce que hay otros comerciantes dispuestos a reemplazar a los que no estén a gusto con el esquema de pagos pero lo cierto es que muchos son los que lo pensarán dos veces antes que atravesar esta situación.
En el medio de este conflicto quedan los chicos que dependen de estos comedores para subsistir y que de la noche a la mañana podrían ver interrumpido el servicio por la falta de gestión.
