El Ejecutivo nacional permitió a escuelas y universidades privadas a realizar los ajustes que crean convenientes y establecer las condiciones de acceso a sus servicios sin controles ni restricciones.
Recientemente, el Gobierno nacional habilitó a las entidades educativas privadas de todos los niveles a fijar el precio de sus aranceles mensuales sin límites.
Se dispuso la derogación de 69 normas que "obstaculizaban las relaciones comerciales entre ciudadanos y promovían un rol intervencionista del Estado".
Entre ellas se derogó una norma que regía desde 2019, por la cual los colegios privados debían comunicar sus estructuras de costos a la Secretaría de Comercio, que en función de un análisis permitía o no los aumentos.
La norma derogada decía que "la relación entre escuelas privadas y educandos reviste características típicas de los contratos de adhesión, en los cuales el establecimiento dispone las condiciones generales a las que las alumnas y los alumnos se hallan sujetos" y que la Secretaría, en ese marco, estaba encargada de la "implementación de políticas y marcos normativos necesarios para afianzar los derechos del consumidor".
Ahora, a partir de la política de liberación de precios que implementa Javier Milei, los colegios y universidades privadas podrán realizar los ajustes que crean convenientes y establecer las condiciones de acceso a sus servicios sin controles ni restricciones.
Esta medida se toma a pocas semanas de que los colegios secundarios reciban a alumnos que adeudan materias de ciclos anteriores y a casi un mes del inicio de clases.
La política de liberación de precios tiene un antecedente en la medicina prepaga, dado que las empresas dispusieron alzas de hasta 80% en apenas dos meses.
El principal problema en el caso de la educación es que los alumnos fueron inscriptos el año pasado y ahora los padres quedan rehenes del aumento que se disponga sin tener la posibilidad de buscar otro colegio o pasarse a la escuela pública.
