Las protestas surgieron con fuerza debido a la situación económica de los usuarios y la calidad del servicio que se presta, considerando frecuencias, estado de las unidades, horarios y otros aspectos.
La concejal Keyla Zequieros, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, también se opuso a la suba, indicando que, a pesar de que el intendente tiene la potestad de determinar la suba, no se cumplió con el anuncio de que los incrementos acompañarían la mejora salarial de empleados tanto estatales como privados.
Embed - Anticipan un nuevo aumento de colectivos y el boleto pasaría a costar $825
Zequeiros confirmó que el miércoles pasado ingreso al deliberante la documentación que indica el aumento del 10%, llevando el precio del boleto de $ 750 a $ 825, sin que las empresas hayan rendido cuentas de sus costos.
“Solo se garantiza el negocio; se dice que hay crisis pero hablamos con los choferes y siguen con salarios congelados, sabemos lo que es el servicio, ahora quieren responsabilizar de la crisis a las personas que gozan de la gratuidad, pero siguen sin mostrar los números”.
La edil instó a los empresarios a publicar sus libros contables, reprobando que “sigan aumentando el boleto sin otorgar un servicio de calidad. No son capaces de mostrar los números”. Por eso, sostuvo que la forma de que se otorgue un servicio de calidad es que el mismo sea controlado por los usuarios y los trabajadores.
“Se desconocen sus ingresos en subsidios y boletos, y sus gastos. Ahí está el secreto que no quieren mostrar”.