- Habitantes de Caspalá llegaron a Capital con denuncias contra el gobierno provincial por violación de derechos y violencia de género.
- Mientras tanto, continúan llegando a la localidad máquinas y efectivos policiales y de Gendarmería.
Desde que se denunció la primera represión contra vecinos de Caspalá, la violencia parece no detenerse en esa ciudad.
Una vocal que se oponía a la iniciativa del gobierno fue destituida de su cargo. Un funcionario del Registro Civil de la localidad desapareció por varios días y fue encontrado en Bolivia. El nombre del Comisionado Municipal de la localidad apareció durante los primeros intentos de expropiación de tierras en el lugar. Referentes de distintas comunidades aborígenes denunciaron una situación de gravedad institucional y postergación de derechos.
A pesar de la oposición de los vecinos, la iniciativa del gobierno siguió adelante. Las tierras de Pablo Cruz fueron expropiadas y perdió su casa, su sembradío y sus tierras para pastoreo.
Pocas horas después, la referente de la comunidad Coya del lugar, Lucía Apaza, llegó a San Salvador de Jujuy acompañada de otros caspaleños para denunciar al gobierno por violación de derechos y violencia de género, ante el INADI y el Ministerio Público de la Acusación.
“Vinimos a exponer esto al INADI para que nos ayuden dentro de los derechos que nos corresponden. Todos somos despojados; hoy la familia Cruz y seguramente mañana serán las demás, por eso venimos a exponer, que sepan las autoridades competentes lo que está pasando en mi pueblito. No respetan a las mujeres ni los ancianos ni los niños. El titular del INADI aceptó las denuncias”, dijo Apaza.
Los vecinos de la localidad se consideraron discriminados y calificaron a quienes se encuentran en el lugar como “despojadores” y se desconoce el estado de avance de las denuncias.