Lo que debía ser un proceso judicial ejemplar de reparación histórica y patrimonial para la Comunidad Pueblo Kolla de Caspalá se encamina a un nuevo escandaloso traspié institucional. A la par de los cuestionamientos por la celeridad y falta de competencia en grandes contrataciones de infraestructura provincial, un Informe de Inspección Arqueológica fechado en septiembre de 2026 saca a la luz cómo el propio Estado vulnera la normativa que exige cumplir a privados y comunidades originarias.
Caspalá: el informe que desnuda incumplimientos y falso control arqueológico en la obra provincial
Un informe de inspección presentado tras la visita técnica realizada a la Quebrada confirma graves irregularidades en el Plan de Remediación. Obras sin permisos formales de Patrimonio, desmantelamiento no consultado de muros ancestrales e informes "internos" presentados judicialmente como Estudios de Impacto Arqueológico.
El documento técnico, firmado por el perito arqueólogo de la querella Gustavo Spadoni (M.P. 099) tras una inspección in situ realizada el pasado lunes 28 de septiembre, expone una serie de contradicciones, omisiones burocráticas y el reinicio no consensuado de obras en la histórica cancha del pueblo.
El informe revela que, durante el recorrido sobre la Finca Pozuelo, donde se emplaza la ancestral cancha, los técnicos constataron la reanudación de los trabajos de infraestructura.
"Observamos que había una obra en ejecución: el muro de contención ubicado en el sector este de la cancha había sido desmantelado por completo y se estaba construyendo uno nuevo", detalla el escrito.
Estas tareas avanzaron sin que se cumpla la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI), una herramienta ratificada por convenios internacionales y leyes nacionales que exige validar el Proyecto Ejecutivo Final con los pobladores locales antes de mover cualquier maquina o piedra.
De acuerdo al testimonio de los peritos y representantes de la comunidad (entre ellos Lucía Apaza y Francisca Coronel), las autoridades provinciales habían asumido compromisos en Casa de Gobierno de mantener una mesa de diálogo permanente.
Sin embargo, la comunicación se cortó intempestivamente hasta que se notificó de forma sorpresiva el reinicio de las obras. La admisión oficial: informes internos para empresas pasados como "estudios formales".
El aspecto más crítico del relevamiento contable y judicial gira en torno a la validez de los supuestos Estudios de Impacto Arqueológico (EIArq) incorporados al expediente. Según consta en el informe técnico y fue ratificado durante las audiencias judiciales, la propia representación de la Dirección Provincial de Patrimonio admitió haber tomado conocimiento de los trabajos arqueológicos recién en el lugar, confirmando que no existía resolución alguna que aprobara un EIArq ni permisos habilitantes para actuar sobre la zona declarada de alta sensibilidad patrimonial. La paradoja sobre quién autorizó las maniobras se profundizó con la declaración de uno de los profesionales actuantes.
El antropólogo Sebastián Peralta, contratado por la contratista Empresa Andina, aclaró ante la comisión de inspección que el documento adjuntado a la causa "no correspondía a un Estudio de Impacto Arqueológico presentado formalmente por él", sino que se trataba únicamente de un informe parcial de uso interno para la empresa privada.
Doble vara: rigor para el privado, parches para el Estado
"La misma provincia nos exige a nosotros, para cualquier loteo o exploración minera en la Quebrada, estudios de impacto arqueológico estrictos y aprobados por resolución. Pero en sus propias obras públicas incumple lo que exige", remarcó el arqueólogo Spadoni durante una entrevista sobre el tema.
A esta falta de rigor se suma la situación en la Finca Santa Rosa (perteneciente a la familia Cruz). Durante el relevamiento, los enviados de la Dirección Provincial de Arquitectura llegaron a manifestar que desconocían que dicho terreno formaba parte del Plan de Remediación ordenado judicialmente, dejando en evidencia un desconexión estructural entre las áreas de infraestructura, cultura y patrimonio del Gobierno provincial.
La dimensión social de la cancha y la tierra en disputa
Más allá de la controversia judicial, el conflicto en Caspalá vuelve a poner el foco en la concepción del espacio en el mundo andino. La cancha no representa un mero predio de entrenamiento deportivo; funciona históricamente como el centro neurálgico de asambleas, festividades religiosas y espacio de contención ante catástrofes naturales.
Con la inspección ocular a cargo de la jueza de la causa prevista para los próximos días, la comunidad aguarda resoluciones continentales sobre el avance de las maquinarias. En el fondo de la discusión subyace el verdadero déficit estructural de la región: la postergada aplicación de la Ley 26.160 y la falta de titularización de las tierras comunitarias, una deuda histórica del Estado que continúa detonando conflictos sociales en los valles y la quebrada jujeña.