Tras una esperada inspección ocular encabezada por la Justicia Federal, vecinos de la localidad advirtieron sobre graves irregularidades y plazos vencidos en las obras del predio deportivo. Acusan falta de proyectos definitivos, ausencia de estudios arqueológicos y desvíos técnicos respecto a lo acordado.
En el marco del conflicto por la restitución del predio deportivo y los daños sufridos en la comunidad de Caspalá, el pasado viernes se llevó a cabo una inspección ocular por parte de la Justicia Federal.
Durante la medida, los residentes expusieron un profundo malestar ante el accionar y las demoras del gobierno provincial.
En diálogo con Radio 2, Lidia Balcarce, representante de la comunidad, detalló los pormenores de la visita judicial y enumeró los puntos más críticos del reclamo, señalando que la entrega de la obra —estipulada formalmente para el 30 de septiembre— se encuentra incumplida y carece de planificación real.
"La comunidad denunció que, a pesar de los plazos vencidos, no existe un proyecto real ni definido presentado formalmente sobre cómo se está ejecutando la obra de restauración", destacó y advirtió además sobre la ausencia de estudios de impacto arqueológico exigidos tanto en la zona de la cancha como en la finca Santa Rosa, donde se ubican antiguos antigales.
Entre los puntos observados durante la inspección figuran marcadas diferencias respecto a los parámetros de obra convenidos, tales como la utilización de muros de cemento en lugar de piedra vista, improvisaciones en los cimientos y la aparición repentina de desagües no contemplados originalmente.
Asimismo, Balcarce calificó de "provocativa" la instalación de cartelería oficial que busca adjudicar los trabajos como un logro político, cuando en realidad responden al acatamiento tardío de una manda judicial. A esto se suma el persistente reclamo por la falta de reconocimiento a las autoridades legítimas de la comunidad indígena.
Tras constatar en el terreno las irregularidades denunciadas, la comunidad aguarda que las partes intervinientes carguen sus respectivos informes técnicos en el expediente.
Los vecinos esperan que la Justicia evalúe el grado de incumplimiento y aplique las sanciones correspondientes frente a las demoras sistemáticas arrastradas desde la homologación del convenio en 2024.
