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El caso que prueba la doble vara para medir la corrupción en la gestión Morales

El oficialismo denuncia y repudia los delitos contra el erario público según su autor: desde el gobernador para abajo, el radicalismo señala con vehemencia a sus adversarios políticos, pero omite y hasta justifica los hechos que involucran a sus aliados. Así lo demuestra el caso de la diputada Mabel Balconte, quien elude la cárcel con ayuda del poder pese a estar condenada por los mismos ilícitos que Milagro Sala.

  • La causa “Pibes Villeros” deja expuesto al gobernador Morales y su entorno.
  • El mandatario denuncia con vehemencia a Milagro Sala por los delitos cometidos, pero admite entre sus diputados a Mabel Balconte, condenada a 8 años por los mismos hechos.
  • Pese a la pena en su contra, la diputada permaneció en libertad amparada en los fueros parlamentarios y hace horas un juez designado arbitrariamente por Morales le redujo la pena.
  • Así, evita ir presa con la complicidad de todo el arco oficialista.

La novedad se produjo el viernes 11 de octubre, sobre el cierre de la jornada.

La cámara de casación penal, integrada por los jueces Cristian Torres (presidente de trámite), Néstor Paoloni y Rodolfo Fernández, decidió confirmar la pena a 13 de prisión para Milagro Sala en la causa “Pibes Villeros”, que investigó el desvío de más de 60 millones de pesos que debían aplicarse a la construcción de viviendas.

Ese dato, previsible, quedó en un segundo plano cuando se conoció que los jueces beneficiaron a la diputada Mabel Balconte, que había sido condenada en primera instancia a 8 años de prisión por los mismos motivos, y redujeron su pena a 3 años, abriendo así la posibilidad de su excarcelación.

Ambas dirigentes, junto a 12 personas más, formaron parte según el tribunal de una asociación ilícita que defraudó al estado.

Balconte supo ser aliada de Milagro Sala, pero en 2015 cambió radicalmente su inclinación política y pasó a formar parte de las filas del bloque que apoya el gobierno de Gerardo Morales.

De ser una pieza clave para el funcionamiento de la organización Tupac Amaru en la ciudad de San Pedro de Jujuy, pasó a denunciar a Sala, aportando un testimonio fundamental para avanzar en las condenas que buscó el gobierno desde la llegada de Morales al poder.

En el juicio, su defensa solicitó que esa actitud “colaborativa” sea contemplada a la hora de ser juzgada. Para ello invocó el artículo 41 ter del código penal que beneficia a los autores o partícipes de un delito cuando aportan información verosímil para el esclarecimiento de una causa.

El tribunal de primera instancia desestimó ese pedido, pero en la revisión del fallo la cámara de casación penal lo concedió.

Disconformes, abogados de otros imputados (como el caso de Marcelo Elías, asesor de Gladis Díaz) aseguran que sus defendidos colaboraron igualmente con información para que la causa avance, sin embargo, la única que recibió una drástica reducción de su condena al punto de tener la posibilidad de no ir a la cárcel, fue Balconte. En los otros casos, las penas sufrieron una leve modificación de 8 a 7 años.

Por ese motivo, los letrados que se sienten agraviados por el fallo ya trabajan en la presentación de un recurso de inconstitucionalidad, al considerar que se violó el principio de igualdad ante la ley garantizado por la constitución provincial.

Al margen de la discusión jurídica que tendrá nuevas instancias, en el plano político el oficialismo quedó expuesto.

A cinco días de conocer la decisión de los jueces, ni el gobernador ni ninguno de sus seguidores emitieron pronunciamiento alguno respecto del radical cambio de situación para la diputada Balconte.

Los diputados de Unión Cívica Radical, presurosos a la hora de denunciar los hechos de corrupción cometidos por Milagro Sala, conviven sin pruritos con una dirigente que tiene una condena por la misma causa.

Desde enero se niegan a tratar su desafuero excusándose en tecnicismos legales: aseguran que la justicia no se los exigió.

La vara moral que los perturba ante el accionar de Milagro Sala, cambia notablemente cuando se trata de Balconte desde que esta aporta su voto para avalar controvertidos proyectos de ley impulsados por el gobierno, como la autorización sistemática para la toma de deuda. La vara moral que los perturba ante el accionar de Milagro Sala, cambia notablemente cuando se trata de Balconte desde que esta aporta su voto para avalar controvertidos proyectos de ley impulsados por el gobierno, como la autorización sistemática para la toma de deuda.

El gobernador Gerardo Morales tampoco ha emitido opinión alguna respecto de la dirigente que le brinda su apoyo legislativo, pese a que continúa en la búsqueda de “cómplices” de Milagro Sala y se empeña en removerlos de sus cargos.

Es lo que ocurre con el fiscal general del Superior Tribunal de Justicia, Alejandro Ficoseco, y los tres integrantes del Tribunal de Cuentas, Nora Milone de Juncos, Mariana Bernal y René Barrionuevo, a quienes vía juicio político, Morales intenta echar de sus cargos. El argumento: complicidad con los delitos cometidos por Milagro Sala.

Si Morales aplicara el mismo criterio para el caso Balconte, seguramente la ex dirigente social ya no sería diputada y estaría presa.

Pibes Villeros

La causa conocida como “Pibes Villeros” investigó los delitos cometidos por cooperativistas y funcionarios liderados por Milagro Sala, en una banda que constituyó una asociación ilícita y defraudó al estado por más de 60 millones de pesos según la justicia provincial.

El delito se produjo en la ejecución del programa “Mejor Vivir” que tenía como objetivo la construcción de viviendas con fondos del estado.

Se trataba de un plan que devenía en un círculo virtuoso: el estado invertía dinero en la obra pública, se las asignaba a trabajadores desempleados que se organizaban en cooperativas, y les entregaba la vivienda a familias que no tenían techo. Inversión, empleo y ayuda social en un mismo paquete.

Tras la firma de los respectivos convenios, el gobierno nacional enviaba el dinero a la provincia y esta se lo transfería a los distintos municipios donde se ejecutaba el programa. El municipio, a su vez, endosaba los cheques a favor de las cooperativas.

Una de ellas era la cooperativa “Pibes villeros”. Tres de sus integrantes fueron filmados en una sucursal del Banco Nación de San Salvador de Jujuy, retirando bolsos con dinero en efectivo.

Era parte de la mecánica: el dinero se fraccionaba en cheques menores a 50 mil pesos para ser extraídos en efectivos del sistema bancario. Luego de retirar los fondos por ventanilla, los cooperativistas llevaban, usualmente, el dinero al domicilio de Milagro Sala. Allí se perdía su rastro.

Todo esto fue lo que dieron por probado los jueces.

El polémico nombramiento del juez Cristian Torres

El presidente de trámite en el expediente que resolvió la Cámara de Casación Penal fue el juez Cristian Torres.

Torres fue designado el 6 de diciembre de 2018 en medio de críticas del PJ y de la Izquierda.

Pese a que participó de un concurso de antecedentes y oposición, durante la aprobación de sus pliegos los diputados opositores se quejaron debido a que la evaluación demostró que había postulantes con mejores calificaciones.

Sin embargo, la terna diseñada por los evaluadores fue “amplia” y le envió al gobernador seis opciones. Torres era el cuarto. Sin embargo el pliego con su nombre fue elegido por Morales, y enviado a la Legislatura para su aprobación.

Aunque el gobernador no brindó los motivos de su elección – no está obligado a hacerlo – sus críticos señalan que la razón podría hallarse en los antecedentes de Torres: fue mano derecha de Sergio Lello Sánchez, el jefe de los fiscales, artífice de la ingeniería jurídica que llevó a la cárcel a Milagro Sala.

¿Habrá tenido que ver eso con el beneficio para la diputada Balconte, aliada del gobierno?

Las suspicacias están a la orden del día.

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