Buscan blindar investigaciones de auditores: ahora pasan a Fiscalía de Estado

Un expediente en trámite en un Tribunal de Cuentas es un conjunto de documentos, informes, investigaciones o procesos administrativos que están en curso dentro de esa institución, en relación con una auditoría, una investigación estos expedientes están en proceso de análisis, evaluación y decisión, hasta que se llegue a una resolución final.

¿Qué pasa con los expedientes en trámite en Jujuy tras la disolución del Tribunal de Cuentas? ¿Será la Auditoría General de la provincia la encargada de seguir con esas investigaciones?

Desde un punto de vista jurídico, podemos decir que, en principio, la función del control y la fiscalización de la gestión pública en una provincia están reguladas por leyes específicas que establecen la competencia de cada organismo. El Tribunal de Cuentas, tradicionalmente, ha sido responsable de aprobar, supervisar y sancionar la gestión de los fondos públicos mediante estos expedientes en trámite.

Ahora bien, tras la disolución del Tribunal de Cuentas, la Ley de Administración Pública y las normativas específicas generalmente establecen que la Auditoría General debe asumir esas funciones en calidad de órgano de control interno o externo, según corresponda. En la práctica, esto implica que la auditoría pasa a tener la responsabilidad de continuar con las investigaciones, análisis y seguimiento de los expedientes que estaban en curso, para garantizar que no queden paralizados o sin resolución.

La Auditoría General de la Provincia tendrá a su cargo los expedientes que estaban en trámite y podrá emitir informes, recomendaciones o acciones concretas, siguiendo los lineamientos y principios del control fiscal y la responsabilidad fiscal.

En términos técnicos: cuando se inicia una auditoría o investigación en el ámbito de la administración pública, se abren expedientes en trámite que contienen toda la información, documentación y antecedentes relacionados con posibles irregularidades en la gestión pública.

Estos expedientes están bajo el principio de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario, pero también bajo la obligación de la auditoría de ejercer su función fiscalizadora en cumplimiento de la ley de responsabilidad fiscal y administrativa.

Ahora, ¿cuáles son las posibles consecuencias? Estas investigaciones pueden culminar en varias instancias: si se detectan irregularidades graves, podrían derivar en recomendaciones oinformes de responsabilidad hacia responsables políticos y administrativos, e incluso en acciones jurídicas como denuncias penales o civiles, dependiendo de la gravedad. La finalidad fundamental es garantizar la rendición de cuentas y latransparencia en la gestión de recursos públicos, promoviendo la responsabilidad patrimonial y sancionatoria.

Es importante destacar que, en estos momentos, muchos expedientes aún están en fase de análisis y esclarecimiento, y nadie puede prever con certeza el desenlace final.

En definitiva, estas investigaciones no solo buscan detectar posibles ilícitos, sino fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones.

Están pasando cosas. Según trascendió aparece ahora la figura de la 'resolución transitoria' que ha sido implementada por el gobierno amén de lo que plantea la Ley de Creación de la Auditoría General de la provincia.

Pero, ¿qué es exactamente una resolución transitoria? Desde una perspectiva jurídica, se trata de una decisión de carácter provisional, temporal, que busca regular un marco transitorio mientras se establecen normas definitivas o se resuelven cuestiones pendientes.

En este caso particular, el gobierno ha implementado una resolución transitoria en relación con los resultados de las auditorías que, según establece la ley de creación de la auditoría general, deben ser remitidos a la legislatura para su análisis y resolución. Sin embargo, en la práctica, esa resolución transitoria ha trasladado esos resultados, en lugar de remitirlos a la Legislatura, a la Fiscalía de Estado, generando un blindaje en torno a los resultados y, en cierta manera, limitando la circulación pública de información y el control ciudadano.

La Ley de Ceración de la Auditoria de la provincia dice que si de la rendición de cuentas surge algún delito debía ponerse en conocimiento del Ministerio Público de la Acusación. Luego se hizo una modificación por ley de la legislatura que modifica el concepto y dice que si resulta algún daño al erario público se debe poner en conocimiento de fiscalía de estado. De esta manera sacan del medio al Ministerio Público Fiscal que el órgano encargado de la investigación penal. Además hay información de que en fiscalía de estado hay acumulados montones de expedientes con cargos definitivos para ser ejecutados vía apremios y desde hace tiempo vienen haciendo la vista gorda yo lo definiría como la síntesis del blindaje perfecto.

¿Y qué implica esto desde el punto de vista jurídico y democrático? Que, al poner mayor hermetismo y menos transparencia en los resultados de estas investigaciones, se dificulta el ejercicio del control social y parlamentario, además de blindar, en la práctica, posibles responsabilidades del gobierno. La ley, en su mejor interpretación, busca que estos informes sean públicos y que la legislatura tenga acceso directo a ellos para tomar decisiones fundamentadas.

Este tipo de acciones generan un impacto importante en la rendición de cuentas y en la lucha contra la corrupción. La transparencia en el trámite y publicación de los resultados de auditorías no solo es una obligación legal, sino un pilar esencial en la democratización moderna no en las autocracias como vivimos en Jujuy.