Ante el peligro de entorpecimiento de la causa —especialmente tras confirmarse que el sujeto ya había violado una restricción perimetral anteriormente—, el juez de control dictó 75 días de prisión preventiva.
Esta medida asegura que el acusado permanezca tras las rejas mientras el Ministerio Público de la Acusación avanza con las diligencias pendientes.
El proceso entra ahora en una etapa técnica fundamental. En las próximas semanas se llevarán a cabo las evaluaciones psicológicas a la menor, cuyos resultados serán determinantes para dar mayor claridad sobre el alcance de los hechos.
Asimismo, se espera la recepción de nuevos testimonios de familiares y allegados, lo que permitirá reconstruir el contexto de convivencia en el que se habrían producido los ataques.
Cambio en la custodia
En cuanto al resguardo de la víctima y sus hermanas, hubo una actualización en las medidas de protección. Si bien en un primer momento quedaron bajo el cuidado de su abuela, actualmente la menor se encuentra bajo la custodia y protección de una tía materna. La Oficina de Protección de Derechos (OPD) continúa monitoreando de cerca el bienestar psicofísico de las niñas para garantizar un entorno seguro y libre de presiones.
Con la prisión preventiva firme, la investigación busca cerrar el cerco probatorio antes de la elevación a juicio, en un caso que ha generado una profunda indignación en la comunidad sampedreña.
